09 marzo, 2017
La bancada del PRD en el Congreso Local, propuso reformar la Constitución de Tlaxcala, e impulsar una nueva Ley Orgánica Municipal, con el objeto de que algunos ayuntamientos tengan hasta tres sindicaturas, además de que haya un control más exigente desde la asignación de salarios hasta buscar mejores mecanismos de control de los bienes muebles e inmuebles.
En la tribuna, el líder de la bancada del sol azteca, Alberto Amaro Corona, indicó que “nuestro territorio, también cuenta con características poblacionales y territoriales sumamente dispares, añadiéndose una gran atomización al contener en poco menos de 4 mil kilómetros cuadrados a 60 municipios”.
Añadió que a su vez cuentan también con una característica local al contar en su mayoría con la figura de presidencias de comunidad, las que suman más de 400 y que poseen características que en lo jurídico podrían ser contradictorias y cuestionables, aunque en lo político hayan servido para catalizar la conflictividad política.
Durante la sesión ordinaria citó que en tal virtud, que la disparidad dimensional de “nuestros municipios conlleva implícita una dinámica político-administrativa igualmente distinta, que va desde requerimientos elementales hasta la necesidad de estructuras administrativas complejas, lo que hace incorrecto el pretender evaluar de forma igual a quienes son profundamente desiguales”.
Argumentó que la reforma política local del año 2000, estableció una primera diferenciación en la conformación de los cuerpos edilicios, al fijar un número diferente de regidores de acuerdo al tamaño poblacional, ya que hasta antes de ellos, todos los municipios contaban con siete regidores, y a partir de la reforma se establecieron rangos entre cinco y siete regidores de conformidad con su número de habitantes.
En tal virtud, la presente iniciativa prevé fortalecer al cabildo municipal amparado en el marco constitucional federal, proponiendo agregar a la diferenciación en el número de regidores, la de incluir la doble y triple sindicatura al amparo de lo señalado por la propia fracción I del Artículo 115 de nuestra Carta Magna Federal.
“La presente iniciativa propone crear la doble sindicatura en aquellos municipios que superen los veinte mil habitantes y tengan menos de sesenta mil, y la triple sindicatura para los que superen los sesenta mil habitantes de conformidad con lo que reporte el último Censo o Conteo de población que levante el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)”, detalló el perredista.
Además, indicó que existe falta de claridad respecto al cobro que una administración municipal saliente hace de los impuestos correspondientes a un año fiscal, para que ya no sea parte de su período de gestión, lo que facilita abusos de la autoridad saliente que recauda los recursos que corresponde a su sucesor sin enterárselos.
Añadió que es una práctica que debe evitarse y sancionarse, para lo cual la presente iniciativa propone precisiones al respecto sin dejar por ello de contemplar las excepciones aplicables y su manejo, como parte del acto de entrega-recepción de la administración municipal.
Amaro Corona, propuso dividir a los municipios en cinco grupos conforme al número de habitantes del último Censo o Conteo de Población y Vivienda, y que la percepción máxima y límite para las demás percepciones de los servidores públicos municipales, sea la del presidente municipal, donde éstos deberán devengar según el porcentaje de habitantes.
En ese mismo sentido, es recurrente que el pago de gratificaciones de fin de año, al no estar debidamente estipuladas, provoque conflictos en la presentación de la cuenta pública, para ello, la presente iniciativa propone establecer con sus debidas salvedades, la entrega de recursos económicos con la mencionada finalidad para que esto deje de ser causa de observaciones a la cuenta pública municipal.
La medida incluye los límites proporcionales para el pago a los servidores públicos que integran la administración municipal y los componentes de la retribución, para acotar la posibilidad de disfrazar pagos extraordinarios mediante bonos, compensación.
Además, argumentó que ha sido una constante los conflictos laborales derivados tanto de los despidos de servidores públicos durante el transcurso de la administración municipal, como los resultantes del cambio de administración, mismos que en la actualidad representan montos económicos impagables para los ayuntamientos.
Por ello, concluyó “son una amenaza a la viabilidad del propio municipio, que en algunos casos no están lejanos de tener que declararse en quiebra por tal motivo, ante ello, la iniciativa propone respetando las normas laborales vigentes, el precisar las relaciones entre las administraciones municipales y los servidores públicos que cada una contrata y el término o finiquito de las mismas”.
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