30 marzo, 2017
La organización “Fray Julián Garcés” afirmó que la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a once autoridades de los tres niveles de gobierno, por la contaminación del río Atoyac y sus afluentes, deriva de un reclamo ciudadano desde hace más de 20 años y que lamentablemente, las autoridades han dejado crecer en Tlaxcala y Puebla.
Al fijar su postura, la misma ONG dijo que desde hace más de dos décadas han sido notables las afectaciones a la salud de la población y a la “madre tierra, provocadas por un crecimiento industrial desmedido entre ambas entidades federativas, por lo que es urgente que haya pasos contundentes para poder aminorar los efectos al ambiente”.
“La problemática de contaminación ambiental y los daños a la salud en la población, no son exclusivos de los municipios de Tepetitla, Nativitas, Ixtacuixtla, Texmelucan y Huejotzingo, más bien, refleja lo que sucede a nivel estatal, pues con el discurso oficial de la generación de empleos, se ha ocasionado muerte y destrucción para la vida de los pueblos y la madre tierra, pisoteando los derechos humanos y la dignidad humana”, externó.
Del mismo modo, apuntó que las autoridades de los tres niveles de gobierno, encargadas de implementar los planes de saneamiento, “muestran contradicción en los datos que les solicitó la CNDH, durante la investigación y son omisos en sus atribuciones, incluso algunas de ellas llegan al exceso de desconocer sus funciones y obligaciones”.
Añadió que el modelo económico neoliberal impuesto al país, y el crecimiento industrial desordenado, ha violentado con la complacencia del Estado Mexicano, los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tienen por objetivo “Proteger, Respetar y Remediar”; pues en su Apartado II, en el Punto 13 lo detallan explícitamente.
Por ello, externó que es necesario que las empresa y talleres de mezclilla eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y que traen de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.
Y es que argumentó que las comunidades históricamente mantenían una interrelación de vida con el río Atoyac, sin embargo, con la instalación de la planta del complejo petroquímico Independencia en 1969, se inicia la aniquilación, “agravándose en la década de 1980, con el establecimiento de los corredores industriales Quetzalcoatl, Ciudad Textil, El Carmen, Ixtacuitxla, San Miguel, Huejotzingo y Moyotzingo, que arrojan sus desechos tóxicos sin ningún control al río Atoyac, así como sus emisiones tóxicas al ambiente”.
JC/ Foto: Exclusivas Puebla
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