19 enero, 2017
En el Congreso del Estado, algunos diputados locales han anticipado que está planchado el nombramiento de quién será el próximo procurador General de Justicia del Estado (PGJE), y para el infortunio de la sociedad, el mismo se dará bajo acuerdos políticos, menos que por el uso de la razón profesional.
Está claro, que han desfilado varios emisarios de los tres abogados propuestos por el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, por los pasillos del Poder Legislativo, con el objeto de presionar a legisladores para que voten a favor de sus “gallos”.
Uno de ellos, ha sido Rubén Flores Leal, mejor conocido como “La Peseta” quien no sale del cubículo del diputado del PAC, Héctor Ortiz Ortiz. Está claro que a los legisladores no les importará revisar a fondo la currícula de los integrantes de la terna, sino que únicamente saciarán sus intereses para negociar “algo” con la fracción del PRI, y desde luego con el Ejecutivo.
Sin embargo, queda la interrogante si en verdad los tres tendrán los conocimientos necesarios para pasar un examen con un sínodo a modo, ya que la realidad en el sistema de Justicia es otro.
Muchos ciudadanos se cuestionan si los tres abogados son profesionales y sobre todo leales a la Constitución, pues en la opinión pública, los comentarios son diversos, lo que produce serias dudas del pasado de Tito Cervantes Zepeda, Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores Rojas.
Finalmente, la elección del próximo procurador obedece a un interés del propio mandatario estatal, y dista mucho de los que los ciudadanos opinen. Aquí lo preocupante es saber si el nuevo fiscal de hierro en la PGJE, tiene los tamaños para hacerle frente a la delincuencia y si bien la impunidad prevalecerá para unos cuantos.
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