11 noviembre, 2016
La organización “Fray Julián Garcés” criticó el hecho de que el gobierno estatal, no haya hecho caso a la propuesta de aplicar una alerta de género, y con ello frenar la violencia hacia la mujer que sigue siendo objeto de discriminación y de marcada violencia dentro del estado de Tlaxcala.
En este sentido, indicó -mediante un posicionamiento público- que llama la atención que a la fecha, a pesar de existir averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso de mujeres y niñas, no exista una sola averiguación por feminicidio1, pues eso es muestra de una tolerancia, naturalización y normalización a las peores formas de violencia hacia las mujeres, como también lo es la trata.
“Respecto al número de denuncias, consideramos preocupante que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), proporcionó información al grupo de trabajo, señalando que sólo existen 57 denuncias abiertas en el periodo del 2011 al 2016, de las cuales 33 se elevaron a rango de averiguaciones previas y 24 se encuentran en carácter de actas circunstanciadas”.
Mientras, detalló que vÍa la Ley de Acceso a la Información, en dos solicitudes realizadas, la misma institución reportó que en el mismo periodo había recibido 200 denuncias, de las cuales 61 se elevaron como averiguaciones previas y 131 se tenían como actas circunstanciadas.
“Considerar el total de denuncias recibidas puede dar un mapa delictivo más amplio en el Estado de Tlaxcala: identificar municipios donde se presenta el delito, modos de operar para el enganche, puntos de explotación, tolerancia social y omisiones de las autoridades”, expresó.
Y es que pesar de sólo contemplarse las 57 denuncias abiertas, es claro que el problema está altamente concentrado en los municipios del sur (72%) y centro (2%), añadió.
“Resulta grave que respecto a las lesiones por violencia familiar, el aviso al Ministerio Público por parte del personal de la Secretaría de Salud, sea apenas de un 22.2 por ciento y en los municipios señalados en el informe, sea del 5.1 por ciento.
Aseveró que el informe reconoce que en algunas áreas de la PGJE, se observó que las capacitaciones recibidas no están relacionadas con la perspectiva de género y trata de personas; lo que lleva a graves omisiones e incluso al extremo de intentar conciliar entre la víctima y el explotador. A pesar de ser una responsabilidad del sistema de procuración de justicia y de quienes ostenten cargos en el Poder Judicial, de estar profesionalizados en materia de derechos.
JC
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