28 agosto, 2016
Cuando todavía se busca a los responsables del engaño del que fueron presa los comerciantes semifijos que se habían instalado en la estación del tren de Chiautempan, a los que la empresa concesionaria FERROSUR reclamó el derecho de vía federal y desalojó con uso de la fuerza pública (el pasado jueves), fueron instalados durmientes de concreto para inhibir la llegada de nuevos oportunistas.
Lugar donde por varios meses estuvieron improvisados locales de madera, cartón y lámina, los que eran ocupados por 25 vendedores semifijos, los que fueron retirados de manera obligada y “voluntaria”, con la presencia de la fuerza pública que habría actuado incluso de manera excesiva a petición de la empresa ferroviaria que acusó ilegal ocupación de terreno a un costado de los rieles, la que ya limpia de comerciantes fue delimitada con elementos de concreto (durmientes) y dejar provechodamente los escombros de los firmes para que nadie más pueda colocarse allí.
Es nuevo escenario, obligadamente hace recordar los colocados en las vías del tren en Apizaco, los cuales han cobrado la vida y partes del cuerpo de varios indocumentados en su intento de bajar o subir de “la bestia”.
Mientras no se debe olvidar a los comerciantes, los que por más de dos años ofertaron sus productos en la estación del tren de Santa Ana cuando fueron expulsados del centro de la ciudad, acusan haber sido engañados por las autoridades municipales, pues fue el propio alcalde, Antonio Mendoza Romero, de extracción perredista quien a cambio de no oponer resistencia no solo los ubicó en esa zona, sino que ofreció seguridad, promoción, publicidad, una determinada cantidad de metros y sin cobrar derecho de piso, lo cual por supuesto no podría hacer porque se trata de un espacio federal.
Otros más señalan a su líder, Félix González Tonix, de cobrarles una cuota y que finalmente tampoco cumplió con garantizarles su lugar ante las eventualidades, a lo que él se ha defendido diciendo que está dispuesto a que le comprueben con documentos que obtuvo un usufructo como dirigente.
Lo cierto es que hay semifijos que exigen le regresen el dinero que supuestamente pagaron y que oscila entre los mil y hasta cinco mil pesos, además de que el Ayuntamiento sarapero responda en cuanto al otorgamiento de otro espacio donde puedan continuar trabajando pero sin ningún tipo de riesgos.
* Información SERGIO ESPINOZA
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