18 mayo, 2016
Retrasar el proceso de investigación de las denuncias penales sobre supuestas faltas en el proceso electoral en curso, no sólo debilita la credibilidad en el gobierno, sino arriesga la candidatura priísta.
La ciudadanía desconoce si el atraso de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sea una omisión o una comisión.
Pero dicha actitud genera suspicacias. ¿Qué razones argumenta la dependencia para no hacer caso de 17 denuncias interpuestas por el perredismo tlaxcalteca? ¿Qué espera la “procu” para desahogar unas denuncias “debidamente sustentadas”?
¿Se trata de una medida “preferencial” para proteger la candidatura de alguien en especial frente a excesos debidamente denunciados?
El “tortuguismo” o el desdén hacia las denuncias, puede costar muy caro, en las urnas, al gobierno de Tlaxcala, por muchas razones.
Es un acto de autoritarismo que genera desconfianza entre un electorado cada vez más avezado, informado y crítico. Y en términos electoral se puede convertir en votos negativos para el abanderado de la “mega” alianza.
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