17 marzo, 2016
De las cinco visas humanitarias que promovió la asociación civil Un Mundo, Una Nación en favor de cinco migrantes centroamericanos, solo dos procedieron para poder quedarse en el Estado por razones humanitarias.
En tanto, el 50 por ciento de los migrantes que cruzan por territorio tlaxcalteca buscan promover ese trámite para quedarse en el país, pero pocos lo consiguen.
En lo que va del año en el albergue “La Sagrada Familia” de Apizaco se han recibido a 859 de ellos, mientras que el total del 2015 fue de tres mil 220, el 70 por ciento procedentes de Honduras.
En un informe denominado “Un Camino Incierto” presentado por Un Mundo, Una Nación, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), entre otras organizaciones, se dio a conocer un panorama sobre la justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra migrantes y refugiados en México.
En el caso de Tlaxcala, Karina Ramírez Rivera, representante del albergue de la colonia Ferrocarrilera, precisó que las dos personas que lograron su visa humanitaria fueron dos hombres entre 25 y 30 años de edad; uno fue víctima de una balacera en 2015 sobre los vagones de la empresa Ferrosur a la altura del municipio de Xaloztoc, mientras que el segundo la causal fue por razones humanitarias.
Por su parte, Maureen Meyer, de la WOLA, criticó que el Plan Frontera Sur instaurado por el Gobierno mexicano solo ha generado más violaciones al deportar a más gente y no asistirla, así como el hecho de que si bien el Instituto Nacional de Migración (INM) ha tenido más recursos económicos para operar, estos también han sido utilizados para deportar y no para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos centroamericanos, que son los principales extranjeros ilegales que pisan suelo nacional.
Tanto la WOLA como Un Mundo, Una Nación, coincidieron en la necesidad de que las autoridades mexicanos reclasifiquen los delitos graves que enfrentan los migrantes, pues a pesar de ser víctimas de gravedades como secuestro, explotación de personas, desaparición forzada, violencia sexual o robo con violencia, no se les garantiza el resarcimiento del daño y no califican para obtener una visa humanitaria, así que con grandes penurias son retornados a sus países de origen.
Específicamente en Tlaxcala, reprocharon la existencia de barrotes a lo largo de las vías del tren en el municipio de Apizaco que han provocado mutilaciones y, aun con ello, las autoridades no obligan a la empresa Ferrosur a retirarlos.
Por si fuera poco, Karina Ramírez lamentó que los trámites lleven un proceso tardado, engorroso y burocrático, al ejemplificar, que un migrante requería asilo pero le pedían una cantidad de cosas que no podría cumplir.
* Información ALFREDO GONZÁLEZ
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