30 marzo, 2016
El juez Segundo de Emilio Sánchez Piedras, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictó auto de formal libertad al alcalde de Zacatelco -con licencia- y actual candidato a una diputación local, Francisco Román Sánchez, tras ser detenido la semana pasada por el delito de abuso de confianza.
Según, la autoridad judicial no encontró elementos para dictarle auto de formal prisión, sin embargo, los afectados lamentaron la decisión del juzgador pues señalaron que no fue al fondo del asunto, ya que el daño fue claro para el Ejido de Españita. Fuentes confiables señalaron que los campesinos analizan qué nuevas medidas legales tomarán al respecto.
Cabe señalar que el viernes pasado el alcalde panista abandonó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco tras depositar una fianza de 4.7 millones de pesos fijada por el juez al cubrir la misma con cuatro propiedades.
Como se recordará el panista fue detenido -el pasado 23 de marzo- cuando fue a tramitar una carta de antecedentes no penales a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), derivado del proceso 16/2016, que promovió el Ejido de Españita en el año de 2013.
Dentro del proceso mismo se desprende que en mayo de 2013, los miembros del Comisariado Ejidal de San Miguel Pipillola, del municipio de Españita, interpusieron una denuncia en contra de Francisco Román Sánchez por el delito de abuso de confianza.
Lo anterior, ya que en 2008, el probable responsable recibió un cheque expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la cantidad de cuatro millones de pesos, por el pago de los predios que fueron afectados durante la construcción de la autopista Arco Norte.
De esta manera, los afectados refirieron que el cheque fue entregado a Román Sánchez, ya que era su representante ante la SCT y líder nacional de la Central Campesina Cardenista Democrática (Cccd); sin embargo, acusaron que en ningún momento recibieron su parte proporcional del dinero.
Derivado de lo anterior, trascendió que los afectados presumen que influyó más una decisión “política” que ajustarse a la propia ley, por ello explorarán la posibilidad de recurrir a otras instancias para demostrar el daño que supuestamente provocó el ahora alcalde.
* información JAVIER CONDE