11 febrero, 2016
Luego de que el diputado local y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Baldemar Cortés Meneses se pronunciara a favor de que Tlaxcala se declare estado de emergencia por el cúmulo de desapariciones, la Secretaría de Gobierno (Segob) y la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) han guardado completo sigilo.
Con base en lo anterior, reveló que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hay cinco quejas sobre desapariciones, mientras que en la página de la Secretaría de Gobernación (Segob) hay por lo menos 22 hombres y mujeres, sin cuyo fin se conozca.
El legislador de oposición señaló que esta acción ha generado alarma entre las familias tlaxcaltecas, sin que hasta la fecha, las autoridades encargadas de la procuración de justicia hagan algo por frenar tales hechos.
Explicó que en la página web de la CEDH, hay en sus archivos al menos cinco denuncias por la desaparición de jóvenes, cuya denuncia también fue promovida ante las dependencias gubernamentales para iniciar con su búsqueda, pues tres de las desapariciones ocurrieron desde 2012.
A su vez, precisó que datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de su programa de “Mujeres y Niñas Desaparecidas” arrojan que en Tlaxcala hay 22 denuncias, de cuya lista destacan los casos de Nancy Corona Romero, quien desapareció el 31 de enero en el municipio de Papalotla.
“Aunque también están los de Nataly Guadalupe García Flores, de 13 años, desaparecida el cuatro de marzo de 2015; Vianey Flores Medina, de 22 años, desapareció el 20 de marzo; Monserrat Torres Vega desapareció del albergue del DIF el 11 de mayo”, subrayó.
Además, de Katia Moreno Carmona, de 15 años, quien desapareció el siete de junio; María Guadalupe Tenorio Pérez, de 16 años de Apizaco; Jesica Bello Camacho, de 16 años, desaparecida desde el 20 de junio, entre otras que se encuentran en calidad de desaparecidos.
Por esta razón, propuso al pleno del Congreso Local, que se emita este punto de acuerdo para emitir esta declaratoria, pues queda en evidencia que las autoridades han mostrado poca voluntad para atender cada uno de los casos que se han denunciado ante la PGJE.
* Información JAVIER CONDE
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