02 diciembre, 2015
La noche de este martes, trabajadoras de la empresa de parquímetros COPEMSA se confrontaron acaloradamente con locatarios, turistas y habitantes de la capital tras amenazarlos con llevarse sus vehículos de no pagar de manera forzosa para quitar los inmovilizado res de sus vehículos.
Después de las ocho de la noche, una hora antes del cierra de operaciones de los parquímetros, los controvertidos inmovilizado es vehiculares fueron la justificación para que el personal de COMPEMSA comenzará supuestamente a extorsionar a los ciudadanos de que pagaran 125 pesos en los dispositivos para evitar el uso de una grúa.
Sin embargo, locatarios de comercios del centro, turistas que acuden a la entidad y los propios vecinos, comenzaron a hacer frente a los empleados que realizaban la amenaza en discusiones acaloradas que rayaron en las ofensas.
Cabe recordar que, además de que la justicia federal determinó que los parquímetros son anticonstitucionales, los empleados de COPEMSA no tienen facultad alguna para sancionar a los automovilistas, por lo que se encuentran usurpando funciones.
Asimismo, el reglamento de parquímetros al que hicieron alusión en sus excusas de extorsion es inexistente, ya que nunca fue publicado, aprobado o actualizado por el ayuntamiento capitalino, quien en una muestra de ignorancia jurídica se autorizó robar los vehículos de la calle por estacionarse y no pagar dinero a la administración por ello.
Dichas conductas criminales son tipificadas como delitos dentro del código penal vigente, esto en título tercero del Código Penal para el estado de Tlaxcala, el cual aborda los delitos cometidos en contra del ejercicio público, mismo que contempla en el artículo 168, el cual estipula que es una conducta delictiva el atribuirse o ejercer funciones propias de un servidor público, ejercer autoridad no conferida o realizar cualquier acción que sea exclusiva del ejercicio público de la autoridad,
Asimismo, el artículo 169 mandato que se castigará a todo aquel que solicite dinero, dádivas o beneficios a nombre de una autorida, cuya pena que podría alcanzar los responsables varía de tres a ocho años de presión, según la ley vigente.
Sumado a ello, de ser solicitada la presencia de la Policia Estatal, Federal o Gendarmería por medio del servicio de emergencias 066, tanto el personal de parámetros, grúa y hasta elementos municipales podrán ser remitidos ante la autoridad bajo presunción de robo de vehículo, esto a raíz de la denuncia del agraviado, y que los mantendría bajo presión preventiva al ser considerado un delito grave sin derecho a fianza.
* Información ALFREDO GONZÁLEZ
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