16 diciembre, 2015
La diputada local del PRD, Eréndira Jiménez Montiel afirmó que la reforma a la Constitución del Estado, sencillamente es un “cheque en blanco” que los diputados locales entregarán al fiscalizar a su pleno antojo las cuentas públicas.
En tribuna, señaló que esta propuesta violenta el principio de anualidad con el que debe realizarse la fiscalización, toda vez que pretender hacer una fiscalización en el año en que se renueve al titular del Poder Ejecutivo Local, sólo de los meses de enero a septiembre, implica incumplir con la anualidad fiscalizable equivalente al año calendario, por lo que “hago un llamado a mis compañeros diputados para que reflexionen sobre lo que están a punto de votar, ya que el aprobarlo constituirá una violación a la protesta que hicimos de guardar y hacer guardar la Constitución federal, la local y las leyes que de una y otra emanen”.
Sin embargo, esta reforma fue aprobada la reforma constitucional, específicamente, el artículo 54, fracción XVII, donde se abrió la posibilidad de la fiscalización parcial del ejercicio 2016.
Es decir, la actual legislatura podría dejar dictaminadas las cuentas públicas de enero a octubre de 2016, de los entes fiscalizables de la entidad antes de concluir su periodo.
La propuesta fue aprobada por un total de 24 votos a favor y 4 en contra, esto pese a que, posterior a un receso que precedió a la aprobación, la diputada del PRD, Eréndira Jiménez Montiel, encabezó una oposición a la iniciativa asegurando que está sería un cheque en blanco para quienes dejan el cargo en 2017.
“En el Proyecto de Decreto que se nos presenta, en el Considerando VIII, se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un criterio jurisprudencial en el que se determina que el principio de anualidad puede tener excepciones”, precisó la diputada.
Precisó que ni en ningún otro lugar del Proyecto de Decreto se menciona la fuente de ese criterio jurisprudencial, es decir, en este momento preguntó a las Comisiones Dictaminadoras, “nos digan también en este momento en qué resolución se encuentra el criterio jurisprudencial que mencionan en su Proyecto y por el cual se pueda considerar alguna excepción al principio de anualidad”.
De igual manera, añadió que su aprobación es un lamentable error político, ya que pareciera que no “estaríamos observando el riesgo que ello implica, puesto que la modificación sin lugar a dudas conlleva razones de uso político electoral, toda vez que se estará garantizando al Ejecutivo el que su cuenta pública del último año de su ejercicio le sea aprobada parcialmente”.
“Lo que equivale a darle un ‘cheque en blanco’ para que use discrecionalmente el presupuesto en un año electoral, en el que su prioridad será no permitir a ninguna oposición el sucederlo en el cargo”, expresó.
Es de entenderse, subrayó que existan acuerdos políticos entre grupos parlamentarios, pero éstos deben tener límites y principios indeclinables, ya que de lo contrario dentro de solo siete meses “podremos estarnos inconformando sobre el uso doloso de recursos públicos, y lo que sería peor, que dentro de once meses algunos de esos que lamenten lo sucedido, todavía aprueben con base a una reforma inconstitucional la cuenta pública que contenga esos recursos utilizados electoralmente de forma indebida”, dejó claro.
* Información JAVIER CONDE
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