30 noviembre, 2015
El escándalo en que está inmerso el todavía rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, debería encender las alarmas al interior del gobierno del estado.
Son varias las razones que motivan esta afirmación.
Una de las normas no escritas del ejercicio público señala que cuando un servidor está inmerso en un escándalo, debe retirarse del cargo para no entorpecer el proceso.
De acuerdo con el expediente 125/2015, con su investidura de rector, Xicohténcatl Rojas habría defraudado a una empresa local por el orden de los 3.2 millones de pesos.
En la averiguación previa 249/2015/Tlax-4 se hace constar que desde inicio de este año, el todavía rector de la UPT ya había sido denunciado ante la PGJE.
Incluso, en el expediente del caso, se tiene conocimiento que el todavía funcionario mantenía diversos amparos ante el Juzgado Segundo de Distrito.
Si esta información ya estaba en poder de las más altas esferas del Gobierno de Tlaxcala, ¿por qué se permitió que el caso llegara a estos extremos?
Este asunto, evidencia la
discrecionalidad con que funcionarios estatales manejan los recursos públicos.
Y más preocupante resulta que la actual administración, dedicada a la lucha contra la corrupción, esté inmersa en un escándalo sobre el tema.
El caso, en el que un funcionario de primer nivel es acusado de corrupción, pone en tela de juicio la integridad del gobierno.
Y sin duda enciende a grados insospechados un ambiente electoral en el que el único que tiene que perder es el propio gobierno estatal.
Claro, a menos que Narciso Xicohténcatl renuncie a su cargo y enfrente el caso sin el poder que le da la rectoría de la UPT.
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