25 septiembre, 2015
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros se pronunció por realizar un esfuerzo profundo de concertación, con visión de Estado que abra paso al desarrollo y con ello terminar con el estancamiento y la precarización de la vida social y laboral en México la cual da paso al incremento de la pobreza.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social señaló que el país sigue estancado y las desigualdades se amplían aún más, lo que abre nuevas brechas como resultado de una modernidad que excluye a millones y destruye el tejido social.
“El camino de la confrontación electoral permanente nos aleja de los acuerdos para el largo plazo, nos divide y nos confronta. También divide a la sociedad. Es necesario conciliar posturas y generar mayores equilibrios, acabar con el divorcio entre lo social y lo económico. Ambas políticas deben ser parte de una misma estrategia, que ponga en el centro a la justicia”.
Por lo anterior, la legisladora por Tlaxcala propuso una iniciativa para reformar el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación del Consejo Económico y Social, como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, el cual estaría conformado por todos los sectores y actores sociales que deben incidir en el rumbo económico y social del país.
Se trata, dijo, de un instrumento que genere acuerdos y consensos de manera horizontal, con visión incluyente, democrática y plural, que genere respuestas y soluciones de fondo, con una interlocución permanente y constructiva hacia el Ejecutivo.
“El Consejo, sin duda alguna puede fortalecer la gobernabilidad. La ONU cuenta con un Consejo Económico y Social que se ocupa de los problemas económicos, sociales y ambientales del mundo. El Consejo, uno de los órganos constituyentes de las Naciones Unidas que figuran en la Carta, fue establecido en 1946 y es el foro en que esas cuestiones se examinan y debaten y en el que se formulan recomendaciones de política”.
Cuéllar Cisneros subrayó que con la creación del Consejo, las decisiones trascendentales para el país contarían con la opinión de los actores económicos y sociales, de asesores y expertos, así como con autonomía, lo que sin duda ayudarían a mejorar la implementación de políticas a mediano y largo plazo.
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