08 septiembre, 2015
En sesión pública, la diputada local Eréndira Jiménez Montiel presentó una iniciativa para crear la Ley de Deberes y Derechos de los Habitantes y Autoridades de las Zonas Conurbadas del Estado de Tlaxcala, la cual tiene por objeto que los ciudadanos paguen sus contribuciones a los ayuntamientos que queden más cerca de su jurisdicción, y así combatir la morosidad.
En el caso de los ayuntamientos que colinden con la capital del estado de Puebla, añadió los alcaldes de Papalotla y San Pablo del Monte, deberán buscar convenios de colaboración para que preste los servicios de agua potable, alcantarillado, entre otros, a los ciudadanos que estarán obligados a pagar periódicamente los mismos.
Y es que señaló que derivado del acelerado fenómeno del crecimiento urbano en el mundo ha adquirido dimensiones de conflicto social, mismo que impacta no sólo en la calidad de vida de quienes habitan los centros urbanos, sino que amenazan la paz y la estabilidad social en general de las demarcaciones políticos-territoriales.
Detalló que la entidad alberga a tres de esas zonas metropolitanas señaladas por el INEGI, una compartida por la parte sur de la entidad, con la capital poblana y las otras dos conformadas a partir de las ciudades de Tlaxcala y Apizaco, las cuales están agrupadas en el criterio definido a partir de una conurbación intermunicipal.
Indicó que en las tres zonas metropolitanas de Tlaxcala viven de acuerdo con datos del Censo de Población 2010 levantado por el INEGI el 62.7% del total de la población tlaxcalteca, hecho que ubica a la mayor parte de la población estatal radicando en municipios metropolitanos y por tanto enfrentando las complejidades de vivir en la conurbación de dos o más demarcaciones político-administrativas.
Argumentó que una de las principales complejidades que enfrentan los habitantes de estas zonas, son la falta o deficiencia en los servicios públicos que les son negados o conculcados, ya sea por incapacidad económico-administrativa de su autoridad correspondiente, o por una mal justificada indefinición jurídica de su ubicación geográfica que facilita a las autoridades de estas zonas a ser omisas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Comentó que los criterios de definición sobre zonas metropolitanas antes diferenciados entre el INEGI y otras entidades que realizaban definiciones para ellas, se han homologado en una tipología general, misma que permite un mejor manejo de criterios para estas zonas en cuanto a normas jurídicas y políticas públicas en favor de los ciudadanos.
Expresó que la realidad de los habitantes de las zonas metropolitanas y conurbadas del Estado si bien tienen las particularidades propias de la idiosincrasia tlaxcalteca, no están exentas ni ajenas de las complejidades que padecen los de zonas similares de otras entidades u otros países, ya que la marginación urbana no distingue nacionalidad alguna.
Puntualizó que el fenómeno de conurbación trae consigo intensas relaciones socioeconómicas entre habitantes de estas zonas, las cuales son imposibles de separar con base a un límite geopolítico, pero que si involucran a dos o más autoridades político administrativas que, por lo general, evaden su responsabilidad amparados en diversas indefiniciones de carácter político y jurídico.
* Información JAVIER CONDE
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