04 agosto, 2015
Apenas en el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 30 de julio “Día Mundial contra la Trata de Personas”, como una medida que coadyuvara a la coordinación y evaluación del Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, en cuya resolución se señala la necesidad de «concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos».
En 2014 se celebró por primera vez este día, y el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, consideró que era “…un llamamiento a la acción para poner fin a ese delito y dar esperanza a las víctimas que a menudo viven entre nosotros sin ser reconocidas. Para poner fin a los traficantes debemos cortar los canales de financiación e incautar activos. Insto a todos los países a que ratifiquen y apliquen plenamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo sobre la Trata de Personas (…)”.
En la búsqueda de mecanismos para prevenir este delito en México, la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, propuso al Pleno un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a establecer una estrategia nacional y permanente contra la trata de personas, que incluyera a partir del año 2014, la conmemoración del 30 de julio como “Día Mundial contra la Trata de Personas”.
Es importante retomar las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cual reporta que cada año, alrededor de 800 mil personas son víctimas de trata. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su Informe Anual 2014, con los datos de 155 países, afirma que la forma más común de trata es aquella con fines de explotación sexual (79%), seguida de la explotación laboral (18%). Las mujeres son las víctimas principales y cerca del 20% del total son niñas y niños.
Diversos gobiernos a nivel mundial han emprendido acciones para combatir este flagelo, sin embargo y a dos años de distancia, las cifras demuestran que aún hay mucho por hacer para ayudar, apoyar y atender a los casi 25 millones de personas, mujeres, hombres, niñas y niños víctimas de traficantes, tanto en el país propio como en el extranjero, ya que la trata de personas se da en todas las naciones, como lugar de origen, tránsito y/o destino de las víctimas.
En México, tenemos la preocupación de unificar criterios y llegar a consensos que permitan diseñar estrategias e impulsar políticas públicas que contribuyan a prevenir, sancionar y erradicar este delito; dentro de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, fuera de ideologías y colores, de manera conjunta y sin politizar este mal social hemos hecho un trabajo legislativo serio y responsable; durante un año y medio, con autoridades, sociedad civil, académicos especialistas en el tema hemos trabajado para fortalecer el instrumento jurídico vigente, al aclarar lagunas y vacíos legales que permitan identificar con claridad los tipos penales de estos delitos y homologarlos en territorio nacional.
La iniciativa de reforma a la ley general, a propuesta de las integrantes de dicha Comisión, se dictaminó y votó a favor por el Pleno el 12 de febrero de 2014, se envió a la Cámara revisora y después de largas discusiones, regresó a esta Cámara de origen con modificaciones que no contribuyen jurídica ni operativamente a prevenir, perseguir, sancionar y erradicar este flagelo social, es decir, combatir la impunidad para dar justicia a las víctimas y afectados. Tenemos pendiente la discusión y revisión de la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, pues algunas de las modificaciones propuestas no son pertinentes. Sin duda alguna, el trabajo bicamaral debe enriquecer nuestro quehacer legislativo y debe realizarse con toda responsabilidad en beneficio de la sociedad.
Vale la pena mencionar que hace unos días se llevó a cabo la novena reunión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de la Secretaría de Gobernación, la que, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, presentó su Informe para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y en la que también el asesor Regional de la Oficina de Enlace y Partenariado de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el Diagnóstico Nacional sobre la Situación y de la Trata de Personas en México, en el cual se señalan las deficiencias contenidas en la ley vigente -concretamente la relativa a los tipos penales- así como la falta de certeza jurídica que pueden ocasionar los errores para castigar el delito.
Con el ánimo de continuar con el intercambio de información sobre este tema, para contar con el mayor número de elementos que fortalezcan el sustento de las modificaciones legales que discutiremos en el Senado y en el marco de la conmemoración de este Día Internacional Contra la Trata de Personas, las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas y Derechos Humanos, organizaron Foros de Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como para proteger y atender a víctimas. Hay que revisar los tipos penales y el trabajo que los representantes ante el Congreso de la Unión estamos obligados a realizar para cumplir con el mandato constitucional, hago énfasis en que las y los legisladores debemos apresurar el proceso para modificar la norma y hacerla más eficiente, a pesar de las diferencias técnicas que tengamos.
La ley debe ser precisa y explícita, más eficaz y operable; existe la necesidad de perfeccionar la conceptualización del tipo penal, con lo que el Ministerio Público tendrá claridad legal sobre lo que significa la trata y dispondrá de los elementos que acrediten el delito. Es urgente que quede establecida la sanción, para que haya más responsables del delito de trata de personas en la cárcel; para que se refuerce la identificación del delito y la protección y asistencia a las víctimas, con lo cual podrían evitarse casos como los ocurridos en “Casitas del Sur” o en Michoacán en el albergue denominado “La Gran Familia”.
No olvidemos que tenemos un compromiso con las víctimas, con la sociedad en su conjunto, no podemos permanecer indiferentes, sin hacer nada, por los afectados por este delito: niñas, niños, mujeres y hombres.
El Congreso es corresponsable de lo que pueda suceder si no hay sentencias ni integración de averiguaciones previas sobre estos delitos.
Por eso, hago votos para que el próximo año, México ya cuente con un instrumento legal robusto que no dé cabida a ambigüedades que deje libres a los criminales. Espero, como lo dijo el Subsecretario Roberto Campa Cifrián, contar con el compromiso de los integrantes de la Comisión Intersecretarial para realizar un trabajo coordinado que sume esfuerzos y contribuya a disminuir los índices delictivos, fomente la denuncia ciudadana, fortalezca la percepción ciudadana de estos fenómenos y garantice el restablecimiento de derecho en las víctimas, así como su protección y asistencia. Por ello, me uno a su llamado “a todos los actores involucrados, para generar acuerdos en favor de la erradicación y combate de la trata de personas, para definir y coordinar una política de Estado”.
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