19 julio, 2015
Este viernes, el gobernador del estado, Mariano González Zarur envió al Poder Legislativo una iniciativa de ley en la cual propone regular los delitos contra el honor como la difamación, calumnia e injuria dentro del Código Civil para el Estado de Tlaxcala.
Según, el mandatorio estatal busca garantizar la libertad de expresión y la reserva de fuentes de información de los periodistas, aspecto que ya lo prevé en el terreno de lo federal y que hasta el momento está pendiente en Tlaxcala.
En su exposición de motivos indica que desde mayo de 2013, tales delitos ya habían sido abrogados del Código Penal, aunque éste no se encontraba en vigor; fue hasta el uno de enero de 2014 cuando surtió efectos en el territorio estatal.
Expresa que dicha propuesta obedece a que la libertad de expresión y de opinión es un derecho garantizado en los artículos sexto y séptimo de la Constitución Federal.
Con base en lo anterior, sostiene que tales derechos han sido protegidos por documentos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos de y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada en el año 2000.
En su argumentación, González Zarur expresa que en estos principios se estableció que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, y que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público, debiendo garantizar la protección a la reputación sólo a través de la vía civil.
“Diversos organismos internacionales se han pronunciado a favor de esta tendencia protectora de derechos humanos, que privilegia la vía civil para resarcir el daño provocado en caso de que hubiere conflicto entre los derechos a la libertad de expresión y el honor y la vida privada, evitando así la aplicación de sanciones penales que resultan siempre desproporcionadas en relación con la importancia que tiene en un Estado democrático la libertad de expresión”, expone.
“De esta forma, se da respuesta a las recomendaciones internacionales para eliminar de los Códigos Penales los delitos de difamación y la calumnia, para estar en consonancia con reformas como la del 13 de abril de 2007, cuando los delitos contra el honor fueron derogados del Código Penal federal y se adicionaron al Código Civil”, define.
Hasta el momento Baja California Sur, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, han incorporado a su legislación civil las eventuales sanciones contra una posible afectación a derechos que tienen que ver con la protección al honor, vida privada y la imagen propia.
* Información JAVIER CONDE
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