29 julio, 2015
La ignominiosa barbarie de derrumbar un monumento histórico del siglo XIX, propiedad de la Nación, es San Pablo del Monte, es un hecho que no debe, por ningún motivo, quedar impune.
El compromiso asumido por el Gobernador Mariano González Zarur, de colaborar con las autoridades federales para deslindar responsabilidades, debe ser cubierto a carta cabal.
Por desgracia, hechos como este, sólo tienen un único origen: la ignorancia (de las leyes, de la historia, de la cultura, o del patrimonio de los mexicanos).
Y también la ignorancia de las muchas instancias relacionadas con este tema.
¿O cómo se le puede llamar a la carente, ya no inoportuna, actuación de los responsables de la gobernabilidad en la entidad, cuyos protocolos de “inteligencia” no funcionaron?
¿Y qué se debe decir del párroco de la parroquia de San Pablo Apóstol, Juventino Rocha Lima, que “se enteró de lo sucedido cuando ya estaban sacando los últimos escombros”?
¿Qué puede decirse de los responsables del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala, si desconocen la historia en la entidad?
¿Habrá un verdadero castigo a los responsables, o se hará lo mismo que en Huamantla, cuando en el siglo pasado un párroco promovió la destrucción del templo original de La Caridad?
¿Está seguro el alcalde de esa demarcación, José Isabel Rojas Xiahuantitla, de no tener responsabilidad en este hecho, si no ha querido dar la cara?
¿En verdad nadie se enteró (ni siquiera los vecinos) pese a lo ruidos que debió generar ser la maniobra de destrucción del edificio, clasificado como patrimonio de la nación?
¿En serio que nadie supo nada cuando los responsables de tal acto debieron sacar todo el menaje que existía al interior de ese templo?
Frente a esta barbarie, por lo menos por dignidad, ya debieron haber presentado su renuncia inmediata e irrevocable cuando menos cuatro personas.
Pero la misma ignorancia en que están sumidos les impide conocer su grado de responsabilidad.
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