14 julio, 2015
* La madre sostiene que su hijo fue violado con un lápiz…
Javier Conde
La triste noticia de Juan N. comienza en la escuela primaria de carácter indígena de San Pablo del Monte, denominada Huitzilopochtli. Aquí, la cronología de las interrogantes, aquellas dudas que devoran por conocer la verdad.
Y es que dicho suceso sacudió a las autoridades educativas porque no saben qué responder. La madre del menor sostiene que su hijo fue violado. La otra versión indica que el menor según tenía hemorroides.
Hoy, los dos menores que han sido señalados del supuesto abuso están suspendidos temporalmente de aquella escuela de carácter indígena enclavada allá en las faldas de la montaña La Malinche. Ambos predican el sello del silencio.
En esta historia, se desprenden las interrogantes, el tatuaje de la discriminación, la impotencia para saber la verdad, las versiones encontradas, pero sobre todo una amarga y cruenta pesadilla.
Dicha investigación va más allá de la nota diaria y en los apuntes periodísticos encuentra que la misma madre de Juan N. aquel chavalillo de siete años de edad está frustrada, que no haya respuesta a sus interrogantes.
En la queja radicada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos -CEDHT/QVG/06/2015- la progenitora del menor denuncia infamias, abuso de autoridad, impotencia y el mismísimo rostro de la infamia.
Bajo su condición de no saber leer ni escribir Silvia N. acusa que fue forzada por el director Roberto N. a aceptar un acuerdo. En las indagaciones quedaron asentadas sus amargas palabras.
“El director de la escuela me dijo que era necesario firmar un acuerdo para dejar por la santa paz la denuncia de mi hijo; al maestro le dije que no lo aceptaría porque no sabía leer ni escribir, por lo que tomó mi mano -según ella- y me obligó a que pusiera mi huella en unas hojas”.
Rememora que en un día de oscuro del mes de mayo, Juan N. llegó a su casa. Las travesuras jamás aparecieron. “Mi hijo mostraba un comportamiento distinto hasta que me dijo casi llorando no te enojes mamá por lo que te voy a decir”.
“Yo sentí que el alma se me desgarró y le dije ¿qué pasa Juan?… con llanto me expresó que dos alumnos de sexto año lo habían manoseado y cuando lo revise me di cuenta que tenía sangre en el recto y al día siguiente fui a la escuela”.
La amarga realidad…
Fuentes de la CEDH aceptan que las circunstancias del caso son difíciles y por demás extrañas. La investigación es confusa. El amargo pan de cada día en la procuración de justicia en Tlaxcala y el país.
Una de las dudas, revelan los propios informantes de la comisión, es que el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no ha emitido un reporte sobre los estudios legistas aplicados al menor para determinar si hubo violación.
El menor le habría dicho a su madre que los infantes de sexto año le introdujeron “un pilín” y que los hechos sucedieron en un baño, en medio de un día agitado en esa escuela, en medio del trajín rural de San Isidro Buen Suceso, allá en el municipio de San Pablo del Monte.
En los propios relatos existentes Silvia N. acusa que los dos infantes le clavaron un lápiz a su hijo y que de ahí se deriva el sangrado que tuvo en el ano.
La posición oficial…
La PGJE ha informado que inició la indagatoria correspondiente por hechos probablemente constitutivos de delito, en agravio de un menor de edad que fue supuestamente atacado sexualmente.
La institución cita la dependencia radicó el 18 de mayo una Acta Circunstanciada, luego de que la madre de un menor de edad, denunció que su hijo fue víctima de violación por dos compañeros de sexto grado de primaria.
De lo anterior, la propia Secretaria de Educación Pública (SEP) ha tomado cartas en el asunto; en un principio manejó la versión de que ambos estudiantes serían expulsados.
Luego, la propia autoridad recula y sostiene que solamente estaban suspendidos, hasta en tanto no se acabaran las investigaciones por parte de la autoridad ministerial.
El presidente de la CEDH, Francisco Mixcoatl Antonio ha dicho que llegarán al fondo del asunto porque hay varias inconsistencias.
Estas van desde la actuación de los directivos de la escuela hasta en las propias investigaciones y exámenes médicos aplicados por la PGJE y la SESA. Aquí, inicia la vorágine de la preguntas, la aglomeración confusa de esta amarga historia.
Dentro de la investigación que llevan las autoridades los dos acusados no han admitido ser los culpables.
Empero, la procuraduría ha citado que ante los hechos el fiscal remitió la indagatoria a la Unidad de Investigación del Delito Especializada en Delitos de Género y Violencia Familiar.
Asimismo, el mismo representante social dice la PGJE, se abocó a realizar las diligencias para integrar las pruebas necesarias y los peritajes al expediente.
Acentúa que por tratarse de personas menores de 12 años de edad, los probables responsables no pueden ser imputados por la comisión del algún delito.
Por ello, la dependencia notificaría al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a los familiares de los señalados, a fin de que se aboquen al desarrollo sexual y social de los agresores.
En tanto, la misma procuraduría investiga la posible omisión en cuanto a los cuidados necesarios por parte de las autoridades de la institución educativa, a fin de esclarecer los hechos.
¿Discriminación?…
Las propias fuentes de la CEDH, que dan seguimiento a los hechos narran que Juan N. ha dejado de ir a la escuela y que es incluso objeto de discriminación y que la madre insiste justicia en el caso.
Sin embargo, en el río de las interrogantes surge una, la principal, es por qué el director no ha sido citado a comparecer; sencillamente, debió denunciar penalmente los hechos.
A Juan N. la vida le cambió. Aquí, es cuando estallan todas las dudas ¿hubo manos confesas? ¿estallaron los rostros de lujuria? ¿quedarán secretos de por vida? ¿triunfará el imperio de la impunidad?…
De los presuntos culpables Ramiro N. y Nazario N. hay un señalamiento inconcluso, de ser culpables jamás pisarían un centro de internamiento, por su propiedad edad.
El propio diputado y presidente de la Comisión de Educación del Congreso Armando Ramos Flores lamenta que solamente el 20 por ciento de las más de mil 200 escuelas de la entidad, conocen el contenido de la recién creada Ley de Protección de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala.
Por ello, esta fatal noticia ha sido como un dardo letal a las entrañas del corazón para el espíritu de la verdad, pero lo cierto es que en esta escuela de carácter indígena, nada volverá a ser igual. Faltan los días más difíciles, sí los días más difíciles.
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