Opinión/Índex Feu/ Cargada/ Edgar R. Conde

25 junio, 2015

Si los integrantes del Congreso de Tlaxcala, ya decantaron, como lo indican las evidencias, para determinar quién o quiénes se harán con el premio “Miguel N. Lira”, la opinión pública no tendría por qué sentirse engañada o defraudada.
A todas luces, los hechos, más que las opiniones (como la que ahora nos ocupa), son claves para entender la molestia de algunos periodistas, que consideran que ya hay “cargada” en favor de algún destinatario de dicho premio.

No es la primera vez que el diputado Ángelo Gutiérrez es señalado como parte de un juego donde el “cobijo” a determinados “alfiles” representaría un beneficio personal o de grupo.
En su información del 23 de junio, ÍndiceMedia da cuenta de lo siguiente: “trascendió que algunos comunicadores han ventilado que el premio ya tiene destinatario, por lo que incluso han llamado telefónicamente al Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ángelo Gutiérrez, a conducirse con transparencia y legalidad”.

Ya veíamos en la entrega anterior de #IndexFeu: “Es una pena que, a pesar de poner en entredicho la ‘honorabilidad’ de los señores diputados el perredista [Salvador Méndez Acametitla] reconozca que Corona Gutiérrez, haya sido ‘cobijado por la Coordinación de Concertación Política, que encabeza el panista Ángelo Gutiérrez Hernández’, pese a las “sospechas” levantadas por el actuar del Auditor Superior”.

No olvidemos que hace unas pocas semanas, a finales de abril, #IndexFeu retomaba un hecho suscitado al interior del Poder Legislativo de Tlaxcala: “El ejemplo dado a familiares menores, sobre el tráfico de influencias e inclinar la balanza un cierto grado en el Parlamento Infantil, donde los señores diputados impusieron a sobrinos y nietos… quizá dudando de la incapacidad de sus pequeños consanguíneos”.

A menos que un milagro suceda, el premio “Miguel N. Lira” 2015, viene espurio, lleno de dudas.
La solución, para la próxima edición (ya que en esta es imposible corregir los yerros), puede ser una “ciudadanización” del jurado calificador, para evitar las suspicacias que demuestran, no las opiniones, sino los hechos. Y sólo así, se podrá evitar una posible cargada.