10 junio, 2015
Paradójicamente, las elecciones federales de 2015, se vislumbran como unos comicios tersos, tranquilos, limpios.
Hasta el momento, el Partido Acción Nacional (PAN) a pesar de haber criticado una “elección de estado”, está en la disyuntiva de interponer (ya contra el tiempo) recursos para pelear por la vía legal una derrota que, como en el caso del primer distrito, se volvió escandalosa.
El Partido de la Revolución Democrática, en cambio, ya está en plena pugna por cortar las cabezas de los supuestos responsables de una debacle de proporciones épicas, al convertirse en la cuarta fuerza electoral de la entidad.
Morena, un partido de reciente presencia, a pesar de no haber alcanzado un triunfo, se posicionó como la tercera fuerza electoral del estado y modifica el mapa político tlaxcalteca.
Sin embargo, pese a las posturas que asuman al interior de cada uno de los partidos que participaron en las elecciones, lo realmente preocupante es la escasa participación ciudadana en un ejercicio base de nuestra democracia.
Como dice la senadora Adriana Dávila Fernández: “los ciudadanos están prácticamente hartos de los representantes populares emanados de los partidos”.
No se explican, de otra manera, las cifras sobre la participación en el proceso electoral pasado: 47.16% del total del padrón electoral a nivel nacional; 39.15% del total del padrón en Tlaxcala; 5.6% de votos nulos en la entidad contra 4.89% a nivel nacional.
Es decir, de los 108 mil 138 sufragios contabilizados, Rosalinda Muñoz Sánchez se hizo de una curul en San Lázaro con 39 mil 544 votos (que significan el 36.56% del total); Anabel Alvarado Varela, llegará al Congreso de la Unión con 25 mil 010 votos (equivalentes al 23.12% del total), y Ricardo García Portillo será legislador federal gracias a 27 mil 471 papeletas (o sea, el 25.40% del universo de electores).
Las cifras reflejan que el abstencionismo, aunque ha sido considerado como un ejercicio válido que refleja el hartazgo ciudadano hacia la política, no es, de ninguna manera la solución a la falta de credibilidad en los candidatos ni en los partidos.
Mismas cifras que no deben, de ninguna manera, ser argumento para descalificar las elecciones. Eso es lo que se alcanzó a través de una dinámica constitucional. Y eso es suficiente para validar el proceso.
Ni los partidos tendrán la autoridad moral para descalificar una elección con baja participación, porque ellos mismos son corresponsables de la falta de credibilidad, ni los políticos perdedores estarán en condiciones de poner en duda el proceso, porque no lograron despertar el interés ciudadano, porque, sencillamente, no tuvieron ideas para provocar que los electores acudieran a las urnas.
Quizá por eso, y de cara a las elecciones de 2016, la prioridad para los partidos políticos, será proponer candidatos con un alto arraigo ciudadano.
Atrás deberán quedar las componendas para imponer candidatos que no respondan a las expectativas de los electores.
Se requieren candidatos que posean conocimientos sobre los cargos que pretendan ocupar, con alta solvencia moral, e incluso sin el lastre de haber ocupado otros cargos de elección o administrativos.
Los partidos que atiendan a estos principios, tendrán de ya, ganada la elección. Los que pretendan incurrir en las viejas prácticas, que se preparen a sufrir dolorosas derrotas.
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