14 junio, 2015
En la escuela primaria de carácter indígena de San Pablo del Monte, denominada Huitzilopochtli fue presuntamente violado un menor de edad, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una línea de investigación, ya que presume omisiones por parte de la PGJE, de la SEP y de maestros.
Datos recabados por este reportero indican que la semana anterior la CEDH recibió escrito de queja por parte de una madre de familia del municipio de San Pablo del Monte, del que se desprenden presuntas violaciones a los derechos humanos de su hijo que estudia el primer grado de primaria.
Cabe señalar que lo anterior fue corroborado por la misma comisión a este medio de comunicación, pero sugirió que por la delicadeza del caso no proporcionaría el nombre de la víctima, ni de sus agresores mucho menos de la escuela donde sucedieron los hechos para evitar una violación a sus garantías.
Lo cierto, es que el menor fue presuntamente agredido sexualmente por dos compañeros de escuela que cursan el sexto grado de primaria de este lugar ubicado en los límites de los estados de Puebla y Tlaxcala.
La misma CEDH que preside Francisco Mixcoatl Antonio, informó que la Quinta Visitaduría General radicó el expediente de queja CEDHT/QVG/06/2015 por este caso que se generó en días pasados dentro de dicha institución educativa de carácter indígena.
De acuerdo con la queja presentada señalan a dos menores como los presuntos responsables y desde luego a las autoridades -entre ellas la del director Emiliano Pluma Mendieta- que cayeron en una omisión por no estar al pendiente de este caso, pues la CEDH considera como grave tal acto.
En este tenor, este organismo autónomo indica que las siguientes instituciones podrían haber incurrido en actos de omisión: directivos y docentes de la institución educativa, personal de la unidad de atención médica de la Secretaría de Salud, agente del Ministerio Público y personal del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
“Las violaciones a derechos humanos preliminarmente detectadas son: afectación a la integridad física del menor, inadecuada prestación del servicio educativo, negligencia médica -porque en apariencia no se brindó atención médica inmediata al niño”.
Además, de la violación al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica por parte de un abogado del DIF municipal y del agente del Ministerio Público, quienes aparentemente atendieron de forma ineficiente el caso.
* Información JAVIER CONDE
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