Culpan dos exalcaldes de Huamantla a diputados de violar sus derechos de audiencia

14 junio, 2015

Dos ex alcaldes de Huamantla, Raúl Cervantes López y Carlos Ixtlapale Gómez, recurrieron al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), para solicitar un juicio de protección constitucional, luego de que a ambos -supuestamente- se les negara derecho de audiencia, en el momento en que se calificarían como reprobatorias algunas de sus cuentas públicas.

Incluso, el pleno del Poder Legislativo concedió a Cervantes López, un juicio de protección -dentro del expediente 02/2014- y que fue notificado al entonces presidente de la mesa directiva de esta soberanía, Heriberto López Briones, el pasado 28 de mayo.

Por ello, el mismo pleno precisa que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo no concedió tal derecho a quien entonces fungió como alcalde en uno de los municipios más grande del estado.

Cabe señalar que a Cervantes López le fue reprobada la cuenta pública de 2009, por lo que ahora recibió este beneficio, y en tanto, los diputados locales deberán contestar sobre este punto, y en caso de que se inconformen tendrán que recurrir a las instancias correspondientes.

Lo cierto, es que el ayuntamiento de Huamantla ha generado una deuda pública de 193 millones desde las administraciones de Eduardo Bretón Escamilla, Raúl Cervantes López y Carlos Ixtlapale Gómez, por lo que ahora el actual alcalde Alejandro Aguilar López, carga con estos pasivos.

En lo que respecta, a Carlos Ixtlapale también promovió ante el TSJE, un juicio de protección porque los actuales diputados locales, le reprobaron la última cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, y durante el procedimiento de revisión no le concedieron esta garantía constitucional.

Derivado de lo anterior, ambos exalcaldes señalaron que hubo vicios durante este procedimiento; es decir, desde que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y la misma Comisión de Finanzas hubo yerros, y que terminaron por reprobar sus respectivas cuentas públicas.

Ahora, el Congreso Local deberá defenderse jurídicamente porque el pleno de este poder decidió actuar en consecuencia, pero se desconoce en qué estado se encuentren las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).