09 junio, 2015
Empiezo por lamentar el sensible deceso del Senador Manuel Camacho Solís, hombre coherente, culto y con prudencia política; ejemplo de civilidad y cumplimiento de acuerdos alcanzados por las distintas fuerzas políticas.
A pesar de las diferencias ideológicas, reconozco su capacidad de diálogo, tuve la oportunidad de trabajar con él asuntos relativos a derechos humanos y otros temas, es una pérdida irreparable para el Senado de la República y para México. Descanse en paz.
Con respecto a la pasada elección del 7 de junio, es indudable que los ciudadanos rechazamos de manera contundente cualquier acto violento, decidimos participar por la gobernabilidad del país y apostamos por la actuación de la autoridad electoral.
La protesta violenta con actos vandálicos en lugares como Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán y Oaxaca no logró menguar la determinación de muchos que decidimos ejercer nuestro derecho y obligación.
Al momento de escribir estas líneas y a la luz de los resultados electorales preliminares de la jornada electoral del pasado domingo, es fundamental revisar, analizar y redefinir el papel de los Partidos Políticos y de quienes militamos en ellos porque, sin duda, los porcentajes de participación ciudadana (47.16 por ciento a nivel nacional y 39.15 por ciento en Tlaxcala), votos nulos (4.89 por ciento nacional y 5.60 por ciento local), y si se adiciona alrededor del 0.78 de votos logrados por los candidatos independientes y no registrados nos presentan un panorama preocupante.
Ni hablar, los ciudadanos están prácticamente hartos de los representantes populares emanados de los partidos, no tienen confianza.
Todas las opciones partidistas -ganadoras y perdedoras-, todas, estamos llamadas a realizar una profunda reflexión para detectar los errores, los equívocos y todo aquello que nos ha alejado de los ciudadanos.
No puede ser la difamación, la calumnia, ni la guerra sucia entre partidos, el eje rector de las estrategias de las campañas electorales, por encima de las propuestas para atender los graves y complejos problemas nacionales, pero en particular, los de Tlaxcala.
No es correcto y, me parece que esto debería ser castigado con todo rigor por las autoridades electorales, mismas que bajo ninguna circunstancia, debieran permitir a ningún político o partido a utilizar herramientas repugnantes y contaminadas para obtener simpatías electorales que solo minan la confianza del electorado, desgastan las vías institucionales para dirimir diferencias a través del sufragio universal, libre y secreto.
Es inevitable la revisión de la ley en la materia. Las condiciones de equidad deben prevalecer para todos los competidores, en el avance de la democracia ya no deberían declararse a vencedores de las contiendas, a aquellos candidatos que obtienen el mayor número de votos de la urna, producto de la compra del sufragio, el intercambio por dádivas o la coerción a los electores.
Las y los ciudadanos deben aspirar a que el gobierno federal o local agudice el esfuerzo para trabajar en política pública que genere bien común, por encima del lucro electoral con beneficios efímeros -como despensas o pantallas de televisión- para las familias mexicanas; es cierto que la política pública y la movilización electoral están estrechamente ligadas, pero es necesario evaluar los resultados en torno al bienestar que nos permite avanzar como sociedad.
Se requiere compromiso entre autoridad y comunidad para lograr calidad en el ejercicio de gobierno.
Con respecto a la actuación del Partido Acción Nacional (PAN), lo primario es discutir y debatir al interior, con serenidad, prudencia y tolerancia, los resultados obtenidos, no son una cuestión de disparar culpas o detonar justificaciones ante el hecho incontrovertible de que los ciudadanos se manifestaron, no es sencillo realizar llamados estériles a la unidad, cuando es un problema de convicciones sobre valores, principios y congruencia doctrinaria, identidad partidista y convencimiento del electorado. Amerita una redefinición de rumbo y de estrategias.
RECUENTOS DE 25 AÑOS DE LA CNDH
El 6 de junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos, evitar el abuso institucional desde el poder, en contra de la dignidad de las personas; una instancia de promoción, defensa y protección que cuenta con 15 años de autonomía constitucional.
Por desgracia, a 25 años de este acontecimiento, México enfrenta una crisis en este rubro.
Seguridad y justicia deben tener sustento en los derechos humanos; si bien hemos avanzado en materia de derechos humanos en lo cultural, legal, institucional, político, jurídico e ideológico, también es cierto que aún debemos trabajar para garantizar a todos los ciudadanos, por igual, su dignidad, su libertad y sus propios derechos en todos los ámbitos de su vida.
Es fundamental impartir justicia de manera objetiva, con apego al espíritu de las normas, y no sólo interpretar la aplicación de las leyes a modo.
No existe flagelo más peligroso para la sociedad que la impunidad; para lograr un auténtico Estado de Derecho, se requiere corresponsabilidad entre los Poderes de la Unión, gobiernos estatales, las instituciones, las y los ciudadanos.
Tenemos que armonizar definiciones legales que funcionen por igual a nivel federal y estatal.
Requerimos que toda persona reciba un trato digno sin importar su condición, sexo, preferencia o ideología, es urgente una política de Estado que promueva y garantice, de manera integral, los derechos humanos, sólo de esta manera, cada nivel de gobierno y cada autoridad pueden impulsar un cambio institucional, una cultura que los proteja, los respete y vigile su cumplimiento.
Hay que fomentar una cultura democrática de derechos.
Se requiere compromiso y acciones coordinadas entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos con las Comisiones Estatales y la sociedad civil para vigilar las actuaciones de la autoridad, de las instituciones del Estado Mexicano para que se cumplan a cabalidad los preceptos constitucionales, así como pactos y convenios internacionales de los que México forma parte.
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