Propone diputado Baldemar Cortés castigar actos de tortura en Tlaxcala

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, Baldemar Cortés Meneses presentó al pleno una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Tlaxcala, pues señaló que las denuncias y evidencias mostradas en la prensa deben combatirse a fondo en la entidad, ya que laceran a la sociedad.

En tribuna, el legislador señaló que en Tlaxcala -de acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 2013 a 2015- ha recibido 42 quejas por presuntos actos de tortura, empero, hasta el momento en información enviada por dicho organismo se carece de datos para su seguimiento.

Y desde luego, tampoco señala -argumentó- el estado que guardan dichas quejas y los acciones que ha emprendido la institución garante de los Derechos Humanos en Tlaxcala; derivado de lo anterior, expresó que es necesario que haya una base de datos que obligue a los organismos llevar puntual seguimiento.     

Por lo anterior, añadió que se presenta a esta asamblea la presente iniciativa para reformar Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, misma que clarifica las obligaciones del estado en materia de tortura, entendida como violación de derechos humanos.

El mismo legislador indicó que las obligaciones del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo primero, párrafo tercero constitucional son prevenir, investigar, sancionar y reparar. Por ello, es urgente alcanzar los objetivos necesarios para fortalecer dicha normatividad.

“En atención a la estructura tradicional de los ordenamientos penales, y con el propósito de dejar en claro desde el inicio el contenido de las conductas objeto de las obligaciones mencionadas, se reforman varios artículos relativos a la tipificación y sanción del delito”, refirió.

Por lo que hace a las previsiones generales, detalló como naturaleza, objeto, alcance y pautas de interpretación, es de destacar que en éste se incluye lo relativo a las definiciones típicas de tortura, las sanciones y los principios de actuación generales de las autoridades obligadas por la Ley, es decir, los sujetos obligados por la ley son las autoridades del Estado y las municipales.

Lo anterior, se deriva dentro de la polémica que se ha desatado de los presuntos actos de tortura cometidos en contra de ex policías acreditables, quienes -según ellos- fueron obligados mediante mal trato a confesar su participación en el delito de secuestros exprés.

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