Avala Adriana Dávila dictamen para actualizar incidencia del delito

En el cierre del periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, la presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, Adriana Dávila Fernández, presentó un dictamen para reformar los artículos 88 y 107 de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

En el dictamen se propone establecer términos precisos dentro de la ley de referencia para que la Comisión Intersecretarial con ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores, publiquen datos relativos a la incidencia delictiva de los delitos en materia de trata de personas, de forma actualizada en periodos de tres meses.

Al respecto, la Senadora por Tlaxcala explicó que lo anterior, garantizará la realidad y certeza de la información de un delito que lamentablemente es cada vez más dinámico y del cual, hasta hoy, ninguna autoridad responsable ofrece datos precisos y sobre todo actualizados relacionados con la incidencia de estos delitos.
Agregó que el dictamen también tiene que ver con la propuesta del Senador.

Benjamín Robles Montoya, para reformar el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 88, y la fracción I del artículo 107, ambos de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el cual, tras un análisis consiente de las comisiones que dictaminaron, se determinó su viabilidad, toda vez que representa un avance en la detección y prevención de los delitos de trata de personas y explotación.

Además en el dictamen se consideraron observaciones de organismos internacionales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cuales señalan que las personas integrantes de comunidades indígenas siguen siendo altamente vulnerables al delito por sus condiciones de vida que, en general, siguen siendo de pobreza y marginación.

Se consideró viable establecer que las comunidades indígenas deben estar previstas como aquellas que sean susceptibles de recibir atención especial en materia de prevención cuando se les identifique con posibilidades de que sus integrantes sean víctimas de trata o explotación, en consecuencia se propone su aprobación en los términos propuestos por las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos.

Dávila Fernández, comentó que esta propuesta parece sencilla, sin embargo, de ser aprobada tendrá un gran impacto nacional.

Por un lado, habrá información actualizada que permita a todos: autoridades y sociedad en general, identificar los lugares de mayor riesgo para el origen, tránsito y destino de personas víctimas de este delito, y con ello dotar de más herramientas a las autoridades ejecutoras para actuar efectivamente en la prevención e identificación del delito y dejar de dar tumbos estériles como hasta ahora.

Y por otro lado, garantizar la atención prioritaria a un sector históricamente vulnerable a la trata de personas y explotación, desde la perspectiva de la prevención.

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