OPINIÓN: San Quintín, revisión a fondo/ Sen. Adriana Dávila

Hablar del campo en México es resaltar la riqueza y la fertilidad de la tierra mexicana, que con generosidad alimenta al grueso de las familias. Toneladas de granos, frutas, verduras que son base de la alimentación nacional: maíz, frijol, arroz, plátano, manzana, naranja, jitomate, cebolla, limón o duraznos como los de Altzayanca, Tlaxcala, ejemplifican la diversidad de nuestros productos agrícolas.

Miles de manos de hombres y mujeres que -literalmente- con el amanecer de cada día y el sudor de su trabajo, realizan las faenas necesarias para, primero sembrar, posteriormente, cuidar y, por último, cosechar. Hombres y mujeres que trabajan jornadas completas para obtener las riquezas de la tierra. Ellas y ellos son los Jornaleros.

Por desgracia, muchos de ellos -por sus condiciones de vulnerabilidad- son discriminados, obligados a realizar trabajos forzados y son sometidos a explotación laboral. Resulta una paradoja: llevar bienestar a las mesas familiares, con abuso, sufrimiento y explotación.

San Quintín, como diversas áreas agrícolas de nuestra extensa, variada y rica geografía nacional, requiere una revisión a fondo de las condiciones laborales -todas- de las y los jornaleros, desde lo relativo a un salario justo, seguridad social y oportunidades de desarrollo, hasta un nivel de vida digno.

En esta zona se encuentran hombres y mujeres privados de su libertad, que desarrollaban sus labores y convivencia diaria en condiciones indignas, inhumanas, en medio de basura, con escaso acceso a agua para sus necesidades básicas y de higiene personal. Engañados y enganchados por tratantes, fueron trasladados de sus lugares de origen para ser explotados laboralmente.

Derivado de intensos debates legislativos, así como el compromiso de distintas instancias estatales y federales, se programó una visita de trabajo para revisar justamente las condiciones laborales de estos trabajadores.

Por vez primera, en más de 40 años, una comisión conformada por jornaleras y jornaleros del Valle de San Quintín sostuvieron una reunión de trabajo con legisladores, funcionarios federales y el gobierno estatal, para escuchar sus demandas, atender necesidades y canalizar a las áreas involucradas las quejas correspondientes para procurar la pronta respuesta.

Todos ellos demandan, requieren, condiciones sociales, económicas, laborales y políticas integrales, dignas, que permitan el libre desarrollo de la personalidad.

En los casos mencionados, me permito precisar que tienen como denominador la apariencia en los hechos de explotación laboral o trata de personas y explotación de trabajos o servicios forzados, figuras parecidas en un primer momento pero diferentes entre sí, pues existe una línea muy delgada entre lo que es la explotación laboral y el sometimiento de las personas a realizar trabajos forzados.

Por un lado, la explotación laboral tiene su base principalmente en algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, el artículo 1004 impone al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios, pena de prisión y multas cuando éste haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general, o que éste haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega. El bien jurídico tutelado que se ha vulnerado, es el derecho a un trabajo digno.

El delito trabajo forzado, según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es la actividad o servicio que se exige a un individuo bajo amenaza de una pena, y tiene como elemento sine quanon la ausencia de voluntad o consentimiento de la persona que es sometida, es decir, que tutela el libre desarrollo de la personalidad, que emana de la dignidad humana.

Por ello, es prioritario que el Gobierno Federal y la Procuraduría Estatal realicen las investigaciones, en conjunto con las autoridades del trabajo, para establecer y fincar las responsabilidades por el delito de explotación laboral o por explotación de los trabajos o servicios forzados, y de trata de personas, previstos tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley General en materia de trata de personas.

Asimismo, es fundamental que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social revise a fondo las condiciones de trabajo de los jornaleros y aplique la ley mediante un procedimiento claro, transparente y público, pues si bien es plausible la ejecución de esos operativos para poder erradicar esos delitos, las acciones deben ir acompañadas por una política pública de prevención que permita erradicar este tipo de conductas.

Es necesario cambiar las políticas económicas y laborales, cumplir con el espíritu de las normas en materia de trabajo, para evitar que los delincuentes abusen y se aprovechen de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.

Este asunto, por ningún motivo, puede convertirse en bandera político-electoral de grupos que solo buscan lucrar con la desigualdad.

El trabajo legislativo debe velar por el bien común para todas y todos los mexicanos. Las leyes deben proteger a todos por igual, porque no hay unos ciudadanos que merezcan más justicia que otros, porque no hay ciudadanos de primera o de segunda.

No debe haber discriminación para nadie por su condición o por su ideología, o por ser indígena, o por ser profesionista, comerciante o jornalero. Todos merecen tener mejores condiciones de vida para sí mismos y para sus familias.

Por ello, el grupo de trabajo regresará a San Quintín para continuar con la revisión a fondo de las condiciones laborales, de seguridad social y de vida. Cada una de las autoridades federales y locales de los tres órdenes de gobierno estamos comprometidas a que cada quien, en el ámbito de sus competencias, trabaje para salvaguardar la dignidad humana de estos trabajadores y velar por su seguridad.

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