OPINIÓN: Causa justa de los ferrocarrileros/ Sen. Adriana Dávila

Después de un largo periodo de lucha incansable de unos 35 mil ferrocarrileros que han pedido el respeto mínimo a sus derechos laborales -que no son graciosa concesión-, derechos ganados legítimamente y consagrados en el contrato colectivo de trabajo, está a punto de dar resultados.

El 14 de abril de 1997, el gobierno federal acordó la creación de un fondo que garantizará el pago de pensiones, jubilaciones y prestaciones de trabajadores ferrocarrileros, constituido en Nacional Financiera en diciembre de ese mismo año, con el nombre de FERRONALES JUB 5012-6, con un patrimonio inicial de 50 mil pesos y recursos de la venta de las acciones de las empresas concesionadas por 13 mil 530 millones de pesos, para 53 mil 348 jubilados.

En enero de 1998, la nómina de los jubilados se pagaba con cargo al fondo del fideicomiso y las prestaciones eran con cargo al presupuesto de Ferrocarriles Nacionales de México.

En el 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se extinguió este organismo público, que sólo conservó su personalidad únicamente para efectos de su proceso de liquidación, estableció el respeto a los derechos de los jubilados y la garantía del pago vitalicio de las pensiones de los trabajadores, en el caso de que el fondo de las jubilaciones fuera insuficiente.

En diciembre de 1998 se otorgó crédito a TESOFE (SHCP) por 5,720’455,331 unidades de inversión (UDI) (13 mil 500 mdp), con un interés anual fijo del 6.5 por ciento a un plazo máximo de 30 años (vence en 2028) y amortizaciones semestrales por un importe máximo de 500 millones de UDI.

Dos estudios actuariales, uno de AON CONSULTING en diciembre de 1999, y otro HEWITT ASOSCIATES en agosto de 2007, reportaron déficit en los fondos existentes para los pagos a los pensionados, información que no se presentó al Comité Técnico ni a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ya se contaba, al 31 de octubre de 2007, con 43 mil 373 jubilados y recursos financieros de 8 mil 291 millones de pesos, lo que ocasionaba que la suficiencia de pago de pensiones y jubilaciones fuera hasta el 2011.

Por lo tanto, era necesario dotar de capacidad económica al fondo del fideicomiso, en aportación de una sola exhibición o anuales, hasta llegar a su capitalización de un monto de 13 mil 428 mdp, el cual debería ser considerado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, a fin de dar certeza económica a los más de 40 mil jubilados ferrocarrileros.

Éste fue el sentido del punto de acuerdo que como Diputada Federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, propuse al Pleno de esa soberanía en septiembre del 2008.
Desde hace dos años, no hay fondos para el pago las jubilaciones y los seguros de vida de los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), los cuales deben pagarse con recursos federales, ya que el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros acabó con los recursos financieros.

Ya desde el Senado de la República, en abril de 2013, el Senador Martín Orozco y su servidora, presentamos un punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que se investigara y se informara sobre el concepto de pago de seguro que se descuenta a los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, organismo en proceso de extinción, así como el destino de los recursos económicos concentrados en el fideicomiso citado.

La historia de FERRONALES es compleja porque, entre las decisiones tomadas por el sindicato de trabajadores ferrocarrileros de la República con algunas sociedades mercantiles, el mal manejo de las finanzas en perjuicio de los afiliados, entre otras causas, sólo propiciaron que los beneficios no fueran otorgados a todos.

Se tuvieron que buscar alternativas para que los jubilados, durante la liquidación de esta empresa pública, mantuvieran su seguro de vida después de la desaparición de la sociedad mercantil.

Esto sólo refleja que los líderes sindicales no han defendido los derechos de los agremiados. Más todavía, actualmente se descuenta a cada uno de los trabajadores pensionados, alrededor de 40 pesos en promedio por concepto de seguro de vida, lo que asciende a un millón 400 mil pesos mensuales que están en las arcas del sindicato, sin que éste rinda cuentas o señale con claridad cuál es el destino de esos descuentos, que han afectado a más de 34 mil personas jubiladas.

Hoy, las viudas de los jubilados no pueden cobrar el supuesto seguro de vida que les fue descontado en tiempo y forma; no pueden pelear lo que les corresponde, porque se trata de un fideicomiso de índole privado, y tendrían que acudir a órganos jurisdiccionales para demandar por la vía mercantil.

Con la respuesta que en su momento dieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Auditoría Superior de la Federación, NAFIN, y puesto que la CONDUSEF se ha declarado incompetente para resolver al respecto por tratarse de un figura de índole civil y no de instituciones financieras, el pasado 29 de mayo, de manera conjunta con los trabajadores pensionados se analizaron las irregularidades existentes en el pago de las pensiones de los jubilados y de los seguros de los ferrocarrileros fallecidos, y se aclararon, comentaron y observaron aspectos que han causado inquietud. El Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, D. T. 1200/2004, resolvió a favor de este sector.

En breve, las legítimas demandas de estos trabajadores serán atendidas. En días pasados, el Secretario de Comunicaciones y Transportes manifestó su disposición y la del Gobierno Federal para acatar el ordenamiento judicial que concede la razón a los trabajadores ferrocarrileros.

El camino no ha sido fácil. Como orgullosa hija de ferrocarrilero y como legisladora que reafirma su responsabilidad y su obligación de salvaguardar los derechos de los trabajadores, los jubilados y/o sus beneficiarios, más allá de banderas políticas, seguiré en la lucha las causas justas, con la convicción plena del trabajo responsable en la búsqueda del bien común.

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