No podemos ser omisos ante precarias condiciones de jornaleros: Adriana Dávila

Contundente, la Senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández señaló que nadie deber ser omiso ante las precarias condiciones laborales y de seguridad social que padecen las y los jornaleros agrícolas del país.

Como integrante de la Comisión Plural de Senadores que asistió al valle San Quintín, Baja California, Dávila Fernández, dijo que es obligación de todos corregir las injusticias sociales.

Ante esta situación, la Senadora de la República pidió al Gobierno federal que informe sobre las medidas preventivas en materia laboral que garanticen la seguridad, integridad física y psicológica de las y los menores de edad que se encuentren en centros laborales, principalmente jornaleros.

También llamó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que dé a conocer los procedimientos por los que se autoriza a las empresas a contratar personas jornaleras y la forma en la que se aseguran que cumplen con los requisitos establecidos en la ley.

Dijo que el reporte del Ejecutivo deberá contener el número de averiguaciones previas que se tienen respecto a la explotación infantil, de la trata de personas, la explotación de trabajos forzados y cualquiera otra forma de explotación de niñas, niños y adolescentes relacionados con alguna actividad laboral.

Señaló que es del interés del Senado conocer la forma en que se coordinan las autoridades educativas con las laborales para garantizar la continuidad de la educación de las hijas e hijos de los jornaleros, así como con autoridades responsables de la procuración de justicia, en caso de la posible comisión de delitos cometidos en contra de niñas y niños.

“No podemos permitir que se siga con una política de reacción tardía, es urgente avanzar en la política preventiva, las niñas y niños deben estar protegidos en sus derechos ampliamente y las autoridades responsables están obligadas a vigilar que cualquier condición en la que un menor se encuentre sea siempre en pleno ejercicio de sus derechos”.

La también Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas reveló que, de acuerdo con cifras de UNICEF, en México cada año aproximadamente 300 mil niñas y niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país, en búsqueda de trabajo e ingresos, y que muchos de ellos tienen que trabajar en los campos desde muy jóvenes.

“La mayor parte de las niñas y niños hijos de jornaleros agrícolas proviene de comunidades indígenas, por lo que la migración a los estados del norte del país representa para ellos cambios en sus costumbres, cultura e idioma, alrededor del 42 por ciento de los menores de edad, hijos de jornaleros, padece algún grado de desnutrición”, agregó.

Ese mismo organismo internacional, prosiguió, señala que la SEP estima que menos del 10 por ciento de estos niños y niñas asiste a la escuela.

Muchos de ellos suspenden sus estudios debido a complicaciones administrativas por cambiar de lugar de residencia, teniendo en cuenta que la inasistencia escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales, apuntó.

Dávila Fernández enfatizó que lo anterior muestra las terribles condiciones en las que viven y crecen cientos de niñas y niños de nuestro país.

“Sin embargo, existe un tema aún más preocupante y es justamente que esta situación de vulnerabilidad ha sido aprovechada por delincuentes para abusar de las y los menores en distintas formas, como explotación laboral, trabajos y servicios forzados, pornografía infantil, explotación sexual, entre otros”, advirtió.

Expuso que si bien en México se encuentran reguladas ciertas actividades que pueden realizar las y los menores de 15 años y el trabajo de adolescentes, la realidad es que en pocos casos las autoridades competentes garantizan que dichas actividades se desarrollen como la ley establece, permitiendo la explotación de las niñas y niños sin consecuencia alguna.

La legisladora por Tlaxcala lamentó que no exista una articulación y coordinación de las autoridades para actuar en consecuencia y erradicar la explotación que sufren las niñas y niños de este sector.

Estamos convencidos, remarcó, que se deben implementar acciones coordinadas para que las y los niños no interrumpan su educación, para que gocen de salud e higiene y, sobre todo, para que no sean vulnerables a la explotación en ninguna forma.

El punto de acuerdo de Dávila Fernández se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para su análisis y dictaminación.

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