OPINIÓN: La pluralidad en la Ley General de Transparencia/ Sen. Adriana Dávila

Sin duda alguna, en la construcción y perfeccionamiento de las leyes que norman la convivencia social, se requiere diálogo tolerante y capacidad para lograr acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en los espacios legislativos.

El conocimiento de los distintos problemas, así como las interpretaciones y formas de atención son diferentes entre los parlamentarios; eso es parte de la pluralidad. Por ello es deseable un trabajo exhaustivo, responsable e incluyente. Todas y todos los actores están llamados a proponer ideas, compartir experiencias y manifestar lo que consideren necesario para el fortalecimiento de las leyes.

En febrero de 2014, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de transparencia. Por distintas razones -entre ellas la falta de voluntad política de unos cuantos para atender las demandas de una sociedad que requiere información clara y precisa sobre la administración pública-, no se lograron los consensos necesarios y se dio lugar a un vacío legal.

En distintos foros el Partido Acción Nacional (PAN), ha manifestado la necesidad de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso, ha impulsado la ley general de transparencia para beneficio de los ciudadanos, dado que es un requisito indispensable para el funcionamiento de las instituciones democráticas.

El pasado 18 de marzo, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda, con el apoyo de varias organizaciones, así como personalidades expertas en la materia de transparencia, presentaron ante el Pleno del Senado de la República el dictamen al Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece con certeza y obligatoriedad para el Estado mexicano, el derecho a la información pública que tenemos todas y todos los ciudadanos de nuestro país.

Se señalan las bases generales y procedimientos que permitirán el ejercicio libre y auténtico de este derecho constitucional. Toda autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como cualquier ente público o privado, persona física o moral, que reciba y administre recursos públicos, tendrá la obligación de rendir cuentas de lo que reciba, pero también de sus actos de autoridad, acorde a sus facultades. Se debe generar la información y ponerla en plataformas tecnológicas para su acceso.

Esta ley general representa avances para el país en materia de transparencia. Con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se podrá cerrar el círculo de rendición de cuentas entre la federación, los estados y los municipios, todos bajo las mismas reglas del juego.

Es decir, hay más de 40 obligaciones comunes a todos los sujetos obligados: Poderes de la Unión –evidentemente el Senado-, Sindicatos, Partidos Políticos, fideicomisos y fondos públicos, con lo que se pone un freno a la discrecionalidad en la aplicación de las normas, puesto que dichos sujetos generarán la información que se les requiera, o de lo contrario, serán sancionados.

De igual forma, se da la obligatoriedad de aplicar la prueba de daño y de interés público en el momento de la clasificación de la información; se amplía el catálogo de las obligaciones de transparencia proactiva; se respeta la autonomía de los Órganos Reguladores.

Procederán las denuncias ciudadanas ante incumplimiento de obligaciones, transparencias, así como las sanciones a servidores públicos que no cumplan resoluciones del IFAI. Será pública la información sobre violaciones graves de derechos humanos, así como el manejo de los recursos públicos, operación de las políticas y programas, convenios y contratos celebrados por dependencias públicas, mecanismos de adjudicación directa o licitación en adquisiciones u obras públicas; estructuras orgánicas, directorio de personal, tabuladores salariales, monto de prestaciones.

También esta ley general incluye mecanismos para hacer accesible la información a personas con discapacidad. Es cierto, el proyecto de decreto por el que se expide la ley general es perfectible.

Es un esfuerzo de pluralidad legislativa que busca atender uno de los reclamos constantes de la sociedad en su conjunto: transparencia y acceso a la información pública, para evitar la opacidad y combatir frontalmente la corrupción que tanto ha lastimado la credibilidad de la clase política. Tocará a la Cámara de Diputados pronunciarse sobre el dictamen aprobado. Esperemos que sea a favor de la transparencia y rendición de cuentas.

RECUENTOS DE LA IMPUNIDAD EN EL PRI-DF

Hace casi 12 meses, producto de un trabajo de periodismo de investigación, se puso en evidencia al otrora líder del PRI en el Distrito Federal, en cuyas oficinas supuestamente se solicitaban recepcionistas y/o edecanes –con mentalidad abierta- para realizar servicios sexuales al “jefe”, con cargo a la nómina de ese partido político.

Con el trabajo periodístico de una reportera encubierta, se tiene claridad en los dichos de la persona que entrevista a las aspirantes laborales. El audio que existe al menos deja espacio para la duda sobre la comisión del delito, cuya obligación de investigar recae en las autoridades del Distrito Federal. Es cierto que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero también son ciertos los múltiples señalamientos incluso de militantes de su propio Partido que evidenciaban este tipo de comportamiento del líder priísta.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó al PRI-DF a definir la situación del militante Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre al interior de su partido. Después de una discusión intensa en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del propio instituto político, que llevó a su presidenta a renunciar, sólo se decidió suspender, por el momento, sus derechos partidistas. Impunidad y lucro electoral. Indignante la simulación de justicia.

Comentarios