03 febrero, 2015
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una desaparición forzada es un delito que puede ser considerado de lesa humanidad, ocurre cuando se da “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, del que nuestro país es miembro desde el año 2007, revisa por primera vez, el caso de México. Sin duda, los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, ameritó la atención de este organismo internacional.
A la luz de las obligaciones adquiridas a nivel internacional y como una medida para evaluar el cumplimiento de México ante estos hechos, corresponde al Gobierno mexicano informar sobre las estrategias y líneas de acción realizadas para hacer operativa la convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El Subsecretario de Gobernación y líder de la delegación mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, se reunió con los integrantes del Comité y reconoció la necesidad de un examen en materia de derechos humanos, a pesar de los cambios jurídicos, porque existen retos por superar; informó que se evalúa la posibilidad de analizar casos individuales, como los de los normalistas desaparecidos en Guerrero.
El asunto tiene relevancia porque al margen de las actuaciones públicas existe una petición del organismo internacional para someter a la competencia de otras instancias jurisdiccionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos que sean solicitados.
No entiendo la reticencia de las autoridades mexicanas para atender esta demanda internacional y seguir en el camino de la simulación del Estado de derecho.
El problema que presentamos a nivel internacional tiene que ver con una crisis de credibilidad en las instituciones; la única forma de avanzar es con la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actos y omisiones del gobierno.
Destaco la participación de algunos padres de familia de los desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, quienes además de denunciar el cierre abrupto del caso, con una verdad jurídica e histórica que poco abonan al entendimiento del conflicto, esclarecimiento del caso e impartición de justicia, deslizan la probabilidad de demandar al gobierno mexicano.
“Estamos aquí para que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos nos ayude a encontrar a nuestros hijos y se exija justicia por los que murieron el 26 de septiembre”. Bernabé Abrajan, padre del estudiante Adán Abrajan de la Cruz.
Desde hace años, los derechos humanos en México no son respetados por las autoridades, por ello, es que la población en general se siente cada día más insegura y desconfía de los servidores públicos encargados de procurar justicia.
Las desapariciones forzadas al interior del país demandan la aplicación de un protocolo específico, que comience con la elemental pregunta: ¿cuántas personas están desaparecidas?
A pesar del compromiso establecido, las autoridades federales no pueden establecer con certeza un registro puntual que indique nacionalidad, hombres, mujeres, niñas y niños.
Para los relatores de las Naciones Unidas, Luziano Hazan y Rainer Huhle, es claro que si no se conoce el problema ni su magnitud, no se podrá concretar una legislación adecuada y menos, establecer políticas públicas eficaces para abatir este delito.
En la comparecencia, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, informó que según los registros del 1 de diciembre del 2012 al 31 de octubre del 2014, se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, pero también se señala que se localizó a un 69 por ciento.
RECUENTOS ECONÓMICOS
Comentamos hace unos días que ante el colapso de los precios del petróleo -que impactan de manera directa a las finanzas públicas porque los ingresos son menores-, y la falta de crecimiento económico, además del alza en los precios de los servicios, era inevitable el recorte (quizás inicial) del gasto público por un monto de 124.3 mmdp.
Una política económica deficiente solo puede tener resultados deprimentes para el crecimiento nacional. La situación preocupa, porque es una tentación a la irresponsabilidad del endeudamiento.
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