14 diciembre, 2014
Al menos 45 de 60 ayuntamientos han hecho caso omiso para cumplir con la recomendación 01/2012 sobre la operación de los Centros de Detención Preventiva a cargo de los Ayuntamientos reveló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Francisco Mixcoatl Antonio.
Comentó que sólo cinco por ciento de los 60 municipios de la entidad, no han pasado por alto dicha disposición que se basa en que las cárceles municipales reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene; “ha habido una mínima respuesta pero confiamos en que haya más conciencia”.
Citó que dichos centros carecen de colchonetas, iluminación y de ventilación necesarias para garantizar la estancia de personas que llegan a ser detenidas. Ante esta situación, externó que deben emprender acciones para la mejora física y material de sus centros.
Precisó que los municipios que han recibido dicha recomendación son Acuamanala, Apetatitlán, Contla, Tequexquitla, Huamantla, Ixtacuixtla, San José Teacalco, Tlaxcala, Xaltocan, entre otros, los cuales han hecho acciones tendientes al cumplimiento de la misma.
“Los únicos que han cumplido en su totalidad son Apizaco, Calpulalpan y San Lucas Tecopilco, pero los alcaldes que no han querido responder son los de Tlaltelulco, Chiautempan, Cuapiaxtla, Nanacamilpa, Nativitas, Papalotla, Zitlaltepec, Tlaxco, entre otros”.
Sobre este punto dio nuevamente un plazo para que los ayuntamientos subsanen dichas observaciones a fin poner fin a la violación de las personas que llegan por diversas circunstancias a los centros de detención. “No se busca la impunidad de quien delinque sino que se respete su dignidad”.
Precisó que con fecha nueve de 2012, este organismo emitió dicha recomendación que consta de once puntos y en los primeros se establecieron las vías propiamente administrativas. No obstante, dejó claro que tampoco la policía municipal debe asegurar a indocumentados.
Y es que se refirió al caso de Apizaco en donde en este año elementos de la policía local aseguraron a 13 indocumentados. “Debe quedar claro que si los ilegales cometen un acto que infrinja la ley serán detenidos, menos no; de hacerlo cometerían un grave error los ayuntamientos”.
* Información JAVIER CONDE