06 noviembre, 2014
Después de ocho días, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le costó ceder a las pretensiones que había de diputados de otros partidos políticos de posición para poder reanudar las 28 cuentas públicas pendientes, pero evidenció que aplicó la aplanadora para aprobar los estados financieros del Ejecutivo y de otras dependencias estatales.
A cambio los mismos priístas impulsaron la aprobación de las cuentas públicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX) y del municipio de Apizaco, las cuales -en su momento- estaban sujetas a diversas observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior y de la propia Comisión de Finanzas y Fiscalización.
Sencillamente, los diputados locales crearon burbujas de amor político y hoy los adversarios políticos del PRI como el PAN y PAC fueron amables al ni lanzar críticas contra el Ejecutivo cuando días antes opinaban lo contrario. Los pasillos del Congreso estuvieron llenos de sutil seducción.
Durante el día, se evidenció que el Revolucionario Institucional logró recomponer a su bloque y finalmente votaron a favor de la cuenta del Poder Ejecutivo, la cual fue cuestionada por los legisladores de Acción Nacional, principalmente, de Ángelo Gutiérrez Hernández.
Visiblemente, aleccionados los diputados y aliados del Revolucionario Institucional avalaron dicha cuenta pública, pero quedó en evidencia que los diputados locales del PAC y PAN, Serafín Ortiz Ortiz y Humberto Macías Romero salieron de la sala de sesiones cuando sus homólogos votaron a favor por los estados financieros del Poder Ejecutivo.
Además, quedaron atrás las observaciones y cuestionamientos de las cuentas públicas de la Secretaría de Fomento Agropecuario, de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET), de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, entre otras, dependencias.
Solamente, el diputado “actor” Roberto Zamora Gracia, subió a la tribuna para pedir que la cuenta pública de 2013 de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) fuera reprobada. Sin argumento alguno y sólo basado en información carente de veracidad señaló -según él- anomalías.
En su afán protagónico, el mismo legislador del PAN, sacó a relucir el asesinato de un alumno en supuestas manos de un maestro, hecho que estaba fuera de lugar puesto a que sólo se analizaba si era procedente aprobar solamente los estados financieros pendientes.
“Con profundo pesar recordemos lo que ocurrió en febrero pasado donde fue asesinado dicho alumno… no solo porque sea únicamente un estudiante asesinado no deja de ser un caso como el de Ayotzinapa”, expresó en la máxima tribuna.
Lo anterior, dejó contrariados a los presentes en la sala de sesiones; sus argumentos fueron ignorados por la aplanadora del PRI y sus aliados, por lo que dicha cuenta púbica fue aprobada por mayoría de votos.
En el transcurso de la sesión fue evidente que algunos integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización no estuvieron con la aprobación de los dictámenes como el caso de Baldemar Cortés Meneses y Patricia Zenteno Hernández. Por ejemplo, no votaron en la cuenta pública del secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Los municipios polémicos…
Los municipios que más polémica generaron en el pleno del Congreso del Estado, tras aprobar sus cuentas públicas fueron Zacatelco, Apizaco y Tlaxcala, lo que generó acusaciones directas en contra de los alcaldes salientes, pero terminaron por aprobarlas.
En el primero de ellos, el diputado perredista, Tomás Orea Albarrán lanzó acusaciones en contra de la exalcaldesa Blanca Águila Lima pues dijo que cometió una sarta de abusos en contra del erario.
Entre los argumentos que dijo fue que la priísta se destinó más de 300 mil pesos en una compensación al término de su gestión. Además, expresó que cometió excesos en la aplicación de los recursos del año anterior y que causaron una lesión a las finanzas.
Señaló que hay malestar por la obra de remodelación del mercado municipal que fue de mala calidad, pero sobre todo por la actitud de la alcaldesa saliente que culpó a sus colaboradores. Lamentó que hubo conductas facciosas de la misma expresidenta.
En el caso de Apizaco, la diputada Eréndira Jiménez Montiel pidió que la cuenta pública de 2013 regresara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para que fuera analizada nuevamente por el cúmulo de irregularidades.
Aseveró que el diputado del PAN e integrante de la CFF, Julio Hernández Mejía no debió votar en dicho dictamen, toda vez que no debía ser juez y parte. En respuesta, el propio legislador sostuvo que dicho procedimiento lo debió hacer la diputada y que ahora era demasiado tarde para hacerlo.
En una actitud soberbia, el mismo legislador dijo que votaría la misma cuenta pública, puesto que solamente fue síndico procurador por algunos días. A su vez, el diputado perredista, Santiago Sesín Maldonado se sumo a la petición de su compañera de partido.
Dijo que todo iba bien en Apizaco hasta que llegó la elección intermedia de 2013, y fue ahí cuando hubo una posible fuga de dinero para que ganara el actual presidente Jorge Luis Vázquez Rodriguez. Enumeró diversas anomalías que se dieron en el manejo de los recursos.
Pese a los argumentos realizados los diputados del PRD, no lograron frenar la aprobación de la cuenta pública de Apizaco que en un principio tenía observaciones por 80 millones de pesos, según, el informe de resultados que entregó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
En el caso de Tlaxco, el diputado del PAN, Roberto Zamora Gracia, intentó justificarse al decir que la cuenta pública de Rosalinda Muñoz no debía ser aprobada. Y como es costumbre del legislador jamás mostró pruebas sobre sus dichos.
El hecho es que la priísta sí tenía diversas observaciones, pero la ahora funcionaria estatal contó con el respaldo del PRI, para que fuera avalada su cuenta pública con un claro mayoriteo.
Otro polémico caso fue la aprobación de la cuenta pública del exalcalde de la capital del estado, Pedro Pérez Lira, quien tenía observaciones por más de 40 millones de pesos. Nadie de los diputados puso pero alguno y simplemente el priísta -quien fue evidenciado por sus excesos- pasó la prueba de la fiscalización de los recursos. Solamente, fue reprobado el municipio de Terrenate.
* Información JAVIER CONDE
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