07 octubre, 2014
El diputado local del PAN, Gilberto Temoltzin Martínez propuso al pleno del Congreso del Estado, que se tipifique dentro del Código Penal, el cobro de deudas o supuestas deudas en las que se utilice la violencia ya sea por cualquier medio, que invada lo personal, vía telefónica, escrita, oral, por medios digitales o bien utilizando el descrédito social.
En tribuna señaló que los ciudadanos, ante la necesidad de procurarse un bienestar familiar y ante la recurrente crisis económica que enfrenta el país, se ven en la imperiosa necesidad de comprar bienes muebles,inmuebles,servicios de consumo a crédito, o bien adquirir créditos ante bancos o empresas de las que se auto denominan de crédito familiar.
Lo anterior, “implican endeudamientos largos y difíciles de pagar y que en suma no se pagan en los términos que en un inicio se pactara entre institución y un particular”, explicó el integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
“Son bastantes las circunstancias y razones por las que el pueblo recurre a endeudamientos por necesidad, y en ocasiones su capacidad de pago se ve superada por las deudas contraídas por diversos factores como son la crisis económica, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, así como las elevadas tasas de interés, o bien por el excesivo pago de intereses ordinarios y moratorios, el cobro de gastos de ejecución y en general cobros ilegales”.
Añadió que esto ha originado que las personas que adquirieron créditos, recurran en un sobreendeudamiento que genera que la cartera vencida del crédito al consumo, y que según datos aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a enero de este año, los pasivos de la banca comercial por créditos al consumo de las personas o familias, tarjetas de crédito, préstamos de nómina como garantía de pago y personales ha llegado a los 34 mil millones de pesos en México.
Y por consiguiente -agregó- existe un importante número de familias con problemas de sobreendeudamiento, lo que se convierte en un problema de orden social, pero esto se agrava aún más cuando los deudores no conocen sus derechos y hasta que punto esas instituciones acreedoras pueden hacer un cobro extra judicial.
Temoltzin Martínez, expresó que con la finalidad de sancionar aquellas personas que laboran en despachos jurídicos, contables o cualquier representante de instituciones bancarias o tiendas departamentales, que mediante amenazas y demás prácticas ilegales que pretendan cobrar a personas que hayan incurrido es necesario sancionarlas.
Finalmente, propuso adicionar el capítulo X Bis del título séptimo, relativo a los delitos contra la libertad y seguridad personal del Código Penal que entrará el vigor el próximo 31 de diciembre, ya que es necesario combatir este tipo de abusos de diversas instituciones privadas.
* Información JAVIER CONDE
© 2026 ÍNDICEMEDIA
