13 octubre, 2014
La titular de la procuraduría General de Justicia del Estado, Alicia Fragoso Sánchez afirmó que dicha dependencia aceptó la recomendación 03/2014 emitida la semana pasada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), derivado de la muerte de una menor de cinco años.
Señaló que el deceso de la niña ocurrió durante los cursos de verano organizados en julio de 2012 por el DIF municipal del municipio de Sanctórum; no obstante, agregó que el caso no quedará impune y por lo tanto, seguirán las investigaciones para deslindar responsabilidades.
“Se abrió una averiguación previa en contra de los agentes ministeriales Wilberth Roldán Vázquez, Germán Ahuactzi Ahuactzi y Delia Molina Arroyo, así como la perito en medicina forense, María del Pilar Pozos Moreno, por la probable comisión de abusos de autoridad en la administración de justicia”, aseveró.
Añadió que lo anterior quedó radicado en la averiguación previa 311/2012-CALP-2, por ello “insisto que se actuará conforme a derecho y así poder determinar la responsabilidad de dichos trabajadores de esta institución encargada de procurar justicia”.
Añadió que la instrucción recomendada por la CEDH ya fue acatada y en el caso de la perito se dio vista a la Contraloría del Ejecutivo para que inicia un procedimiento administrativo en su contra.
Durante una entrevista sostuvo “yo no puedo (proceder) porque cometería un exceso y caería en abuso de autoridad; tenemos que seguir los procedimientos porque si no vamos a violar sus garantías individuales, por esta razón debemos ser cuidadosos”.
Recordó que fue el entonces director jurídico de Sanctórum, Enrique Flores Ortega, el que en su momento movió algunos objetos y alteró la escena de los hechos, pero sí se tiene que iniciar averiguación previa contra los elementos adscritos a la PGJE para deslindar responsabilidad.
En ese sentido, la procuradora subrayó que los agentes ministeriales continúan en funciones hasta que concluya la investigación, por lo que no se les puede dar de baja hasta agotar la misma a efecto de no atentar contra sus garantías.
“No puedo suspenderlos pero he platicado con ellos, con sus titulares inmediatos también y entonces saben que tienen que eficientar su trabajo pues están bajo la lupa”, enfatizó Fragoso Sánchez.
Cabe señalar que el 23 de julio de 2012, a la menor Dulce Marahy Castillo le cayó en la cabeza una máquina de tortillas y murió al llegar a un hospital en la ciudad de Calpulalpan, lo que dio paso a un proceso judicial confuso.
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