14 septiembre, 2014
Al menos 60 accionistas de la empresa Urbanos y Suburbanos (USU), anunciaron su deserción de dicha compañía, toda vez que su actual presidente Víctor Manuel Martínez Lozano, incurrió en un supuesto acto fraudulento y que denunciarán ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
En rueda de prensa, Miguel Xochihua Flores y Ariel Juárez Morales señalaron que por diversas irregularidades de tipo financiero y administrativas decidieron abandonar dicha empresa en la cual los hermanos Martínez Lozano han creado un monopolio.
Añadieron que actualmente la empresa tiene 400 unidades de las cuales el 80 por ciento, las contrala la citada familia al grado de también los despojaron de dos inmuebles que han edificado a través de diez años de trabajo.
Xochihua Flores, externó que se dieron cuenta de la situación crítica de la compañía cuando a delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los embargó por concepto del pago de prestaciones a trabajadores.
Es decir, “nos dijeron que teníamos un adeudo ante dicha representación por 17 millones de pesos, lo que generó el embargo de al menos 120 unidades de transporte, por lo que nos dimos cuenta que habíamos sido defraudados”, agregó.
Asimismo, dijo que diariamente cada unidad debía aportar 50 pesos a la empresa USU, y que anualmente la misma captaba alrededor de 600 mil pesos y que año con año se captaba la suma de siete millones de pesos. “Desconocemos cómo y en qué se gastaba dicho monto”.
Además, subrayó que el mismo IMSS embargó a la citada empresa una de las dos propiedades asentada en la comunidad de Acuitlapilco, por falta del pago oportuno a las contribuciones de los trabajadores adheridos.
Incluso, comentaron que la propiedad ubicada en la colonia “El Alto” de Santa Ana Chiautempan fue cedida de forma arbitraria al padre de Víctor Manuel y José Antonio Martínez Lozano , lo que representó un acto fraudulento para USU.
Del mismo modo, cuestionó el hecho de que el presidente de la sala unitaria Electoral-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elias Cortés Roa, haya otorgado un amparo a 50 unidades “viejitas” para que pudieran circular.
Es decir, el mandatario estatal, Mariano González Zarur, publicó un decreto mediante el cual el último día de agosto podrían circular unidades con más de diez años de antigüedad, pero “pasaron por alto dicha disposición”.
Ante esta situación, “exigimos al presidente del TSJE, Tito Cervantes Zepeda que actúe al respecto, porque la Ley del Transporte Público del Estado de Tlaxcala, es clara en estos términos lo que representa un riesgo para la población subirse a dichas unidades automotoras”.
Finalmente, citaron que a los 60 accionistas de la empresa USU, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), ya les concedió un supuestamente un permiso para poder circular en las rutas que actualmente cubren.
* Información JAVIER CONDE
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