19 agosto, 2014
Este martes, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) demandó al Poder Legislativo inhibirse de conocer respecto del expediente que mandó la Contraloría del Ejecutivo del Estado, donde se advierten supuestas irregularidades administrativas cometidas por el ex rector Serafín Ortiz Ortiz.
Un oficio que está firmado por José Roberto Espinoza Juárez, abogado general UTAX, se pidió a la presidencia al presidente mesa directiva, Juan Calyecac Cortero, que dicho expediente sea remitido a la universidad para que se atienda en el ámbito de su competencia.
Una copia de este oficio indica “de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 69, se establece que el procedimiento de responsabilidad administrativa y aplicaciones de sanciones administrativas se llevará a cabo ante autoridades”.
Lo anterior, como, los “organismos públicos autónomos a los que la ley otorga autonomía, de manera interna organizarán y facultarán a las instancias sobre la instrumentación del procedimiento disciplinario”.
Ante esta situación, solicitó al Congreso que sea la propia casa de estudios quien determine el procedimiento a seguir sobre el documento que envió la Contraloría Estatal.
“Esto por una supuesta mala utilización de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef) correspondientes al ejercicio 2009”, refirió.
No obstante, Espinoza Juárez, aceptó que la institución, efectivamente, recibió recursos del citado FAFEF, correspondientes al 2009, “y en consecuencia fue objeto de fiscalización, habiendo atendido la observación que le fue formulada por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”.
Lo cierto, es que el propio contralor estatal, Hugo René Temolztin Carreto, mencionó sobre supuestas irregularidades administrativas imputables a servidores públicos de la UAT, y en donde se acusa de diversas observaciones al actual diputado Serafín Ortiz Ortiz.
* Información JAVIER CONDE
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