11 agosto, 2014
Ante los cuestionamientos que ha hecho el Partido Nueva Alianza (PANAL), en contra de los consejeros electorales del IET, la presidenta de este organismo autónomo, Eunice Orta Guillén le exigió al líder de este instituto político, Alfonso Lucio Torres que presente pruebas de sus dichos.
Y es que el dirigente estatal de este instituto dijo la semana anterior que los consejeros electorales quizás negociaron las multas a las que se hicieron acreedores los partidos políticos -derivado de la revisión anual de sus prerrogativas- con algunos líderes partidistas.
Orta Guillén dijo que la revisión de las prerrogativas pasó los filtros necesarios para poder emitir un dictamen final, por lo que “le pido a Alfonso Lucio que presente las pruebas de sus dichos porque es grave que ponga en entredicho la actuación de los propios consejeros”.
Citó que las multas a las que se hicieron acreedores los partidos políticos están bien sustentadas y por lo tanto, los acreedores a las mismas tendrán que pagarlas en ministraciones que deberán ingresar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal.
Además, negó que las mismas sanciones impuestas servirán para cubrir en lo inmediato 2.2 millones de pesos, como lo declaró el líder estatal del PANAL. “Dedo decir que a los partidos políticos, se les descontarán de sus respectivas ministraciones”.
La funcionaria electoral precisó que hasta el momento no se ha encontrado una salida al problema de la crisis económica que padece el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), ya que no “encontramos el respaldo de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Incluso, comentó que habrá un planteamiento del instituto para que en el proyecto de presupuesto de egresos de 2015, se pueda solicitar un aumento en su techo presupuestal, a fin de poder salir del pago de laudos laborales; “esperemos que nos sea aprobado este planteamiento en su oportunidad”.
Cabe señalar que el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) adeuda arriba de 12 millones en laudos laborales, los cuales no ha cubierto por falta de recursos económicos y que de forma urgente debe cubrir 2.2 millones de pesos, derivado de un mandato de la justicia federal.