11 marzo, 2014
En su propuesta para reformar y adicionar artículos a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, el jefe del Ejecutivo, Mariano González Zarur, admite que la renovación del sistema educativo, es una tarea compleja.
En la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados Local, la cual se desahogará este martes, dada la premura en los tiempos legales, el mandatario deduce que la educación no admite dilación, mucho menos improvisaciones o ligerezas”.
Señala que dentro de los compromisos establecidos dentro del Pacto por México, se fijaron temas de relevancia para el país, como es el caso de la transformación en materia educativa, por lo que el pasado 26 de febrero de 2013, se publicó en el Diario de la Federación dichas reformas.
Del mismo modo, explica que derivado de lo anterior se desprende la obligatoriedad de todas las entidades, de armonizar la legislación en la materia, dentro del término de seis meses a partir de la fecha antes mencionada.
Dentro de la iniciativa enviada por el gobernador del estado, cita que resulta de suma importancia la adecuación de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala en atención a las siguientes consideraciones:
Para que no exista contradicción de la legislación federal con disposiciones de la Constitución y leyes federales; para que los sujetos obligados e interesados tengan conocimiento de la estructura que rigen en la entidad.
Además, de que debe haber concordancia entre la legislación federal y estatal, para evitar su impugnación ante el Poder Judicial. Agrega que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, cita las bases de una nueva educación.
No obstante, agrega que la educación requiere de mejores maestros, que estén debidamente capacitados a fin de responder las expectativas de la sociedad tlaxcalteca.
“La renovación del sistema educativo, es una tarea compleja que no admite dilación y mucho menos improvisaciones o ligerezas”; de ahí, la importancia de la estrategia.
Cita que algunas modificaciones tendrán que llevarse a cabo en etapas, otras deberán seguir los lineamientos generales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), apegamos totalmente a la ley.
Por ejemplo, el Ejecutivo propone al Congreso del Estado, que se prohíba el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo.
Asimismo, las autoridades educativas establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.
En este sentido, propone que haya planes y programas que eviten la violencia escolar; y desde luego, aplicar los mecanismos que permitan una evaluación armónica de los maestros en pro de la educación.
Además, proponer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que haya criterios de contextualización que orienten al diseño e interpretación de las evaluaciones y desde luego, facilitar todas las herramientas necesarias para el cumplimiento de su tarea.
Del mismo modo, indica que sería importante que antes de cada ciclo escolar se publicara en el periódico oficial del gobierno estatal, la relación de instituciones a las que se les haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial.
Y desde luego, a las instituciones educativas a las que se les haya revocado o retirado sus reconocimientos respectivos a fin de alentar la transparencia dentro de este rubro.
Incluso, propone que se publiquen los nombres de los educadores que obtengan resultados suficientes, una vez que se publiquen las evaluaciones. Apunta que también es necesario llevar un orden de las plazas conforme a los puntajes establecidos en la ley.
El Ejecutivo, argumenta que en la evaluación de los maestros se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores apegados a la norma y cuya certificación de la misma se hará a través del INEE.
No obstante, propone sanciones para todo aquel trabajador que intente cambiarse de adscripción sin el permiso de la autoridad educativa; de llevarlo a cabo, podrían hacerse acreedores a sanciones.
González Zarur, explica dentro de los artículos transitorios que todos los trabajadores de la educación deberán someterse a dicha ley y aclara que el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública.
Y sólo será readscrito para continuar con sus tareas dentro de dicho servicio conforme a lo determine la autoridad educativa; pero el personal que no se sujete a las evaluaciones será separado de su cargo.
* Información JAVIER CONDE
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