Destaca Leonor bondades del Código Nacional de Procedimientos Penales

06 febrero, 2014

Ante la exigencia de los mexicanos que demandan justicia y seguridad en materia penal, el Pleno de Cámara de Diputados, aprobó la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Así lo dio a conocer la Diputada Federal Leonor Romero Sevilla, quien dio a conocer que este nuevo ordenamiento uniformará la impartición de justicia e introducirá, entre otros cambios, una verdadera presunción de inocencia con la implementación de los juicios orales.

Recordó que esta propuesta tiene su antecedente histórico más inmediato en la iniciativa enviada, en su momento, por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. “Desde aquel entonces, Acción Nacional respaldó el que tengamos un código penal único y que establezcamos los mecanismos para otorgar una verdadera justicia”, agregó.

La legisladora federal por Tlaxcala, señalo que con la aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia que expide este código, se otorgará mayor certeza, inmediatez y transparencia en los procesos penales.

Señaló que los delitos del fuero común, cometidos contra periodistas, personas o instalaciones que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información, el Ministerio Público (MP) podrá atraerlos para perseguirlos.

Romero Sevilla explicó que ahora habrá una verdadera presunción de inocencia, ya que “no toda justicia significa la privación de la libertad, es por eso que este nuevo Código contempla una gran innovación, la posibilidad de crear acuerdos”, dijo.

El nuevo ordenamiento contempla también otras figuras legales que no están contenidas en la actual legislación en la materia, entre las que mencionó: los registros de las actuaciones para que en todo procedimiento se realicen por escrito, audio o video o cualquier soporte que garantice su reproducción; se declaren nulas todas las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales; se mejoren algunos aspectos sobre la relación entre el MP y la policía relacionados con las detenciones de un imputado.

Con la expedición de este ordenamiento se cambia de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, un sistema que permitirá reducir significativamente el número de injusticias, de abusos de poder y de violación de derechos humanos.