24 enero, 2014
Escribe JAVIER CONDE GUTIÉRREZ
La situación actual que padecen la mayoría de los municipios con los estados financieros que han dejado los anteriores presidentes municipales, simplemente, afectará a la ciudadanía en el desarrollo de sus localidades y más aún, en la prestación inmediata de los servicios públicos.
Y es que tanto ha sido el descaro de algunos exmunícipes como el caso de Orlando Santacruz Carreño que se atrevió a declarar a la prensa que él sólo dejó “pequeños detalles” en su administración cuando el malestar ciudadano es notable.
Así como tal político hay otros que buscan sanar sus culpas mediante declaraciones que de nada sirven; aquí lo importante es que el auditor superior, Crispín Corona sea un funcionario probó que finalmente obligue a los exfuncionarios municipales a sujetarse al imperio de la Ley.
Sin embargo, está lejana esa posibilidad, ya que desde que se comienza a torcer lo que establece la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala, simplemente, se abre el espacio para que reine y se regodeé la impunidad.
También basta analizar las declaraciones a medias del presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, Salvador Méndez Acametitla quien deja entrever que serán “flexibles” con los exediles.
En este contexto, basta escuchar a los nuevos alcaldes de la entidad, quienes se quejan de acciones de actos de “rapiña” y un claro cumplimiento al rictus del “Año de Hidalgo (Chingue su madre el que deje algo) en las alcaldías cometido al parecer por exalcaldes y exfuncionarios.
Sin embargo, surge una pregunta obligada derivado de las recientes declaraciones que diera el gobernador Mariano González Zarur. ¿En verdad existe el imperio de la ley en Tlaxcala? o ¿En Tlaxcala desde cuando puede más el imperio de la impunidad?…
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