19 enero, 2014
Desde la REDACCIÓN
Sin duda, la senadora Adriana Dávila Fernández ha sido severamente criticada por varios actores políticos y activistas, con respecto a las reformas que pretende hacer a la Ley General para Prevenir, Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y cuya credibilidad está en juego.
Y es que la tlaxcalteca ha prometido que la comisión que ella preside en el Senado de la República, no trata de proteger a sujetos que se dedican a dicha actividad, sino que se busca erradicar lagunas existentes en dicha normatividad.
Empero, activistas como la exdiputada panista, Rosy Orozco y la periodista Lydia Cacho han dicho que es necesario hacer una ley efectiva que sirva para realmente castigar a quienes se dedican a dicha actividad ilícita y hasta han hecho propuestas.
Pero la interrogante, es que si la senadora apizaquense realmente promoverá reformas que sirvan a la sociedad, a quienes han vivido dicho calvario porque de lo contrario la legisladora estaría faltando a un principio de compromiso ciudadano y de institucionalidad.
Dávila Fernández, también ha lanzado criticas en los medios de comunicación en contra de algunos actores políticos como Javier Cuatepitzi Corte, virtual candidato del Partido Movimiento Ciudadano a edil de Acuamanala.
Al grado que el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), haya promovido ante el Congreso de la Unión, una “solicitud de declaración de procedencia de juicio penal”, en contra de Dávila Fernández al hacer acusaciones de las cuales al parecer se retractó.
En una carta que envió a la prensa, la panista pide a las autoridades investigar si éste político y dos familiares del mismo, se dedican a esta actividad, pero surge una duda ¿Acaso el mundo político y social de la senadora será color de rosa?
Por ello, se vendrán días difíciles en la actividad política y precisamente social de Dávila Fernández, donde estará a prueba su honradez con la sociedad mexicana y tlaxcalteca, donde lamentablemente la trata parece aumentar.
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