Suspenden bar por corrupción de menores

12 mayo, 2013

Al encontrar flagrante el delito de corrupción de menores, un bar sin denominación, ubicado en el municipio de San Lucas Tecopilco, fue suspendido de sus funciones por autoridades estatales, además, el establecimiento violó diversas normas sanitarias y de seguridad.

Esta acción coordinada, que tiene como finalidad inhibir delitos como la trata de personas, detectar armas, drogas o cualquier conducta ilícita, se concretó a las 22:15 horas, del día 11 de mayo y concluyó a las 01:00 horas del día siguiente.

El inmueble que se verificó fue un bar sin denominación, que se ubica en la calle Juárez, sin número, perteneciente al municipio de San Lucas Tecopilco, donde aseguraron a tres personas y presentaron a cuatro menores de edad ante el Agente del Ministerio Público, porque se encontró flagrante el delito de corrupción de menores. Ante ello, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), inició la Averiguación Previa 282/2013/MPDS-2.

Asimismo, se indagó a ocho personas del sexo masculino, en busca de armas, drogas, mandamientos judiciales y en general todo lo prohibido, así como cinco vehículos a fin de descartar que alguno tuviera reporte de robo, en todos los casos no se presentó novedad alguna.

Posteriormente, durante la inspección el personal del Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC) colocó sus sellos de suspensión, en virtud de que se constató que el inmueble no contaba con medidas de seguridad y documentación en la materia.

Simultáneamente, los trabajadores de la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coepris) suspendieron de sus funciones al local, porque confirmó que violaba la Ley General de Protección a los No Fumadores, vigente en el Estado, además de incurrir en diversas irregularidades sanitarias que ponen en riesgo la salud de sus clientes.

En el operativo interinstitucional participaron elementos de la Policía Ministerial y Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), así como trabajadores del Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC), de la Secretaría de Salud (Sesa) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).