05 mayo, 2013
De manera formal, la Presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), Eunice Orta Guillén, informó desde la semana anterior a las autoridades federales, estatales y municipales, en la entidad, sobre el periodo de suspensión de programas y acciones de gobierno que establece la legislación, con motivo del inicio de las campañas electorales del proceso comicial ordinario de 2013.
En los oficios girados por la presidenta del organismo autónomo, se menciona que para que el IET lleve a cabo de manera adecuada la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez del proceso electoral, es necesaria la participación de la ciudadanía y de las autoridades.
En ese sentido, se señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (CIPEET), durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, es decir, del 6 de mayo al 7 de julio, los servidores públicos estatales, municipales y de las presidencias de comunidad, con funciones de dirección y atribuciones de mando, así como los legisladores locales, suspenderán sus campañas publicitarias.
Las campañas publicitarias que deben ser suspendidas, es en todo lo relativo a los programas y acciones de los cuales dichos servidores públicos sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública inmediata. Es por ello, que las únicas excepciones son las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
También se precisa, que la legislación electoral en Tlaxcala limita no sólo la difusión de campañas publicitarias de programas y acciones gubernamentales, sino que además manifiesta que los servidores públicos se deben abstener de realizar actividades que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas sociales o de gestión y desarrollo social.
La restricción mencionada, señala el documento, obedece a que la entrega material de bienes o la realización de servicios por parte de las autoridades, podría generar efectos persuasivos y, por tanto, inducir el sentido del voto de los beneficiarios en favor del partido en que militen los gobernantes que los proporcionan, con la consecuente afectación a la libertad del voto y a la equidad en la contienda electoral.
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