08 marzo, 2013
Por JAVIER CONDE
*De acuerdo con el censo de población 4.0% de las mujeres en Tlaxcala está separada y 0.7% divorciada.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) afirma que en sus Estadísticas sobre Desigualdad de Género y Violencia contra Mujeres que en el estado de Tlaxcala tienen hoy en día un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos.
La discriminación contra las mujeres asume distintas formas asociadas con la dignidad e igualdad: por ello, cada vez más los estados democráticos otorgan mayor interés a la erradicación de la discriminación y la desigualdad por razones de género, ya que se considera un asunto estrechamente vinculado con el desempeño de la sociedad en su conjunto.
En México, como en todo el mundo, las mujeres son tratadas por el Estado y la sociedad en conjunto, de manera francamente desigual, sobre la base de una discriminación histórica.
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano, en ninguna entidad federativa del país, se observa igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.
El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en el estado de Tlaxcala implica una merma en desarrollo humano que ha sido calculada en alrededor de 1.5%, debida a la desigualdad entre hombres y mujeres.
Estas cifras destacan que las mujeres en Tlaxcala tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos: así, por ejemplo, la tasa de alfabetización es de 91.2% para las mujeres y de 95.3% para los hombres; la tasa de matriculación (de primaria a licenciatura) es para las mujeres de 66.3% y para hombres es de 66.6%.
Pero la brecha más importante en uno de los componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres ganan, en promedio, 2 888 dólares PCC 4, mientras que los hombres 7 192 lo que significa que ellas ganan alrededor del 40.0% de lo que ganan los hombres 5.
En conjunto, estos indicadores sintetizados en el Índice de Desarrollo humano relativo al Género (IDG) colocan a la entidad en el lugar número 24 en relación al conjunto de entidades del país, ligeramente arriba de Zacatecas, Puebla e Hidalgo.
Uno de los aspectos más destacados en el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida saludable pero sobre todo al derecho a la integridad corporal es el derecho a la salud reproductiva.
Cuestiones de salud
En la entidad, el nivel de mortalidad materna es mayor al promedio nacional: 68.4 y 60 muertes por cien mil nacimientos, respectivamente; es preciso continuar identificando los factores asociados a las complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio en la entidad.
La tasa de mortalidad materna no solamente expresa la atención médica que reciben las mujeres durante el embarazo, en el momento del parto y el puerperio, también suele reflejar las condiciones en que las mujeres se embarazan y acceden a los servicios de salud.
En Tlaxcala 91.9% de las mujeres atienden sus partos en hospitales o clínicas, porcentaje mayor al promedio nacional (80.2%). Por su parte, un 75.4% de mujeres unidas en edad fértil eran, en el 2000, usuarias de métodos anticonceptivos en la entidad, cobertura también mayor al promedio nacional (70.8%).
Mortalidad por cáncer cérvico-uterino, cuya tasa es de 17.0% y, embarazo adolescente, esto es porcentaje de nacimientos de madres menores de 20 años, cuyo valor es de 16.6%, son aspectos que deben ser atendidos de manera más rigurosa si se quiere avanzaren los derechos a la salud reproductiva en la entidad.
Uno de los aspectos que está modificando la vida familiar y, en consecuencia, la de las mujeres, es la creciente presencia de hogares con jefatura femenina. Tanto en el nivel estatal como en el nacional, alrededor de uno de cada cinco hogares es comandado por una mujer.
La jefa de la casa
En cinco años, la tasa de jefatura femenina aumentó de 18.2% a 20.0% en la entidad. De acuerdo con el censo de población 4.0% de las mujeres en Tlaxcala está separada y 0.7% divorciada; en ambos casos los valores son cercanos a los promedios nacionales -3.7 % y 1.3 % , respectivamente-.
Por cada cien matrimonios en la entidad hay 3.5 divorcios en las áreas urbanas y ninguno en área rural. Es probable que una parte importante de la proporción de mujeres separadas se deba al abandono del cónyuge, esto se ve reflejado en la proporción de divorcios solicitados por esta causal (32.4%) y con el 4.5% de éstos por injuria, servicia y violencia intrafamiliar.
Aún cuando este tipo de divorcios no son solicitados por las mujeres, el 87.5% de los casos se resuelve a su favor. Distintas formas de violencia pueden darse de manera simultánea; tal es el caso de la violencia emocional -que suele acompañar a otras formas de violencia- que alcanzó la cifra de 28.9% en la entidad.
La violencia y discriminación
La violencia económica fue de 22.2%, la física de 10.1% y la sexual de 5.2%. Tanto la violencia física como la sexual son mayores en zonas rurales. Cabe destacar que del total de mujeres de 15 años y más que declaró sufrir violencia, 92.7% padeció algún tipo de intimidación en el ámbito de su comunidad.
De éstas, reportó abuso sexual más de una de cada tres (34.6%). Este último porcentaje aunque menor al promedio nacional (41.9%) es una proporción significativa para tomar en cuenta en la definición de políticas públicas.
Las mujeres separadas o divorciadas en la entidad son las que declaran mayor incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante su relación: 82.2% fue víctima de actos violentos durante su relación, 56.8% padecían violencia física y 37.0% violencia sexual, cifra abrumadoramente más elevada que las que declaran las mujeres unidas.
La alta prevalencia de este tipo de violencia en la entidad sugiere que muchas de estas mujeres se separaron o divorciaron precisamente por ser objeto de dicha violencia. La violencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas conyugales no necesariamente cesa con la separación y el divorcio.
La misma encuesta muestra que 36.9% de las mujeres divorciadas y separadas que sufrían violencia por parte de su pareja durante su relación continuaron padeciéndola después de la ruptura conyugal; 14.7% de estas mujeres señaló haber sido víctima de violencia física y 10.0% de violencia sexual aún cuando se habían separado.
La discriminación, la violencia y la amenaza de la violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las frenan en el desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, en consecuencia, se violentan sus derechos fundamentales.
Atender la discriminación y la violencia en la entidad es un imperativo urgente si se quieren alcanzar mejores niveles de desarrollo que abarquen el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres.
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