24 febrero, 2013
IMMX NOTICIAS
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó ayer acerca de la carencia de normas que establezcan un límite al endeudamiento de entidades federativas y municipios, el cual se disparó de 2006 a 2011 de 205 mil 287.9 a 390 mil 777.5 millones de pesos, lo que significó un crecimiento promedio anual de 13.7% en términos reales.
En el informe de la Cuenta Pública 2011, entregado ayer a la Cámara de Diputados, se dan detalles de los préstamos de los gobiernos locales que son garantizados con ingresos federales. Lo anterior fue dado a conocer el pasado 23 de febrero.
Se precisa que en ese año el gobierno federal destinó 240 mil 537.6 millones de pesos para cubrir el costo financiero de dicha deuda, “equivalente a un 73.5% de los recursos que obtuvo por el endeudamiento neto de 327 mil 302.3 millones de pesos”, revela una publicación del periódico Excélsior.
Para la ASF esto significa que la mayor parte de los recursos que se obtienen de ese endeudamiento “se aplican al pago de los intereses y no para la amortización de capital, cuando deberían destinarse a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento de los ingresos públicos y del desarrollo económico y social del país”.
Se aclara que con excepción del estado de Tlaxcala (que según el reporte no presentaba endeudamiento a ese año), el resto de las entidades federativas carece de marcos jurídicos que regulen la gestión de créditos, cira dicho medio de comunicación.
Puntualiza que en el periodo reseñado destacan las deudas de Coahuila con un aumento de 144.2%, Zacatecas con 76.6%, Chiapas con 74.4%, Tamaulipas con 70.5% y Nayarit con 58.8%.
Por entidad federativa, los montos más elevados de deuda se observaron en Coahuila con 46 mil 768.7 millones de pesos, Quintana Roo con 27 mil 306.7 millones de pesos, Veracruz con 17 mil 985.6 millones de pesos, Michoacán con 15 mil 248 millones de pesos y Nuevo León con 13 mil 280.5 millones de pesos.
Los montos de endeudamientos de esos cinco estados sumaron 120 mil 589.5 millones de pesos, equivalentes a 59.9% del total registrado, mientras para las entidades federativas restantes fue de 80 mil 867.3 millones de pesos.
Frente a ese panorama, la ASF recomendó a la Cámara de Diputados emprender un análisis, a través de la Comisión de Hacienda, sobre “la posibilidad de reformar la Ley General de Deuda Pública para que sea acorde con la situación actual de las finanzas públicas nacionales e internacionales”, señala Excélsior en su pagina web.
La ASF considera que dicha adecuación del marco legal debe tomar en cuenta los pasivos del IPAB y los Proyectos de Infraestructura Diferidos (Pidiregas) de la CFE, para ser integrados y cuantificados como deuda.
Recomienda además establecer “órganos colegiados que revisen y autoricen los financiamientos, y mecanismos para transparentar el destino específico de los recursos que se obtienen de empréstitos sobre el crédito de la nación”.
Propone además que la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro “analice la posibilidad de realizar estudios técnicos y normativos para establecer límites de endeudamiento a las entidades federativas y los municipios”.
La ASF se pronuncia porque la Secretaría de Hacienda establezca mecanismos que le permitan destinar una mayor proporción de recursos de la deuda para pagos de capital u otros fines de endeudamiento.
Esto es, la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, propósitos de regulación monetaria, operaciones de conversión, obras contratadas durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República o para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal.
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