27 febrero, 2013
Por JAVIER CONDE
Este miércoles, la Comisión de Finanzas del Poder Legislativo ordenó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), a ejecutar revisiones al Poder Ejecutivo y a los municipios, para detectar posibles contrataciones de deuda.
Y que lo anterior pueda afectar el patrimonio de entes públicos. El diputado Alejandro Aguilar señaló que es importante verificar si en el ejercicio fiscal de 2012, se puedan dar este tipo de acciones.
Ahí, se determinó que la revisión se concentrará a las 60 comunas. Lo anterior, para evitar que hereden deuda pública o bien irregularidades a las administraciones que entrarán en funciones a partir del próximo mes de enero.
Y es que a la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Cámara de Diputados Local llegó un oficio de la senadora Hilda Flores Escalera mediante el cual se exhorta a los entes fiscalizadores de cada estado aplicar auditorias.
Lo anterior, señala la integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se transparente la deuda pública y la contratación de obligaciones de pago, tanto por parte de los municipios como de los gobiernos estatales.
Esto fue dado a conocer en la reunión ordinaria de la Comisión de Finanzas, de este miércoles donde se determinó enviar dicha propuesta a la Junta Local de Coordinación y Concertación Política para su respectivo análisis.
Ahí, se informó que el pasado siete de febrero se recibió dicho oficio en el cual remite copia del acuerdo por el que se exhorta a los estados a que por medio de sus entidades de fiscalización realicen auditorías en dichos términos.
En el documento enviado por la senadora se detalla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha manifestado no rescatar las finanzas de los estados.
Sin embargo, de acuerdo a las facultades del Congreso de la Unión, así como por las dimensiones nacionales de un programa de rescate de las finanzas este poder tendría la última palabra y no estaría sujeto a un asunto administrativo.
Por lo anterior, indica que las auditorias son indispensables en términos de legalidad y transparencia, de manera que sólo esas bases se puede iniciar una intervención por parte de la federación, en las que ese puedan desarrollar acciones sancionatorias.
Aunque la información enviada por el senado deberá ser analizada en la Junta de Coordinación y Concertación Política para que después pueda pasar al pleno.
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