06 enero, 2013
Por JAVIER CONDE
A pesar de las carencias presupuestales y de las insuficiencias técnicas, la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, Eunice Orta Guillén, afirmó que existen las condiciones básicas para celebrar un proceso electoral apegado a los principios de legalidad, certeza y profesionalismo.
En entrevista con los medios de comunicación habló de la situación que dejó el anterior consejo las instalaciones, la plantilla de vehículos y de otros excesos en los cuales se han hecho las observaciones correspondientes al expresidente Salvador Cuauhtencos Amieva.
En este sentido, negó en todo momento que haya encontrado un desorden administrativo y financiero dentro del IET; sin embargo, detalló que los laudos laborales llegan a los ocho millones de pesos y que por lo menos 12 vehículos se encuentran embargados debido a esta situación.
Indicó que desgraciadamente se encontró al IET, sin el debido mantenimiento correspondiente y una plantilla de vehículos dañada. Agregó que dos vehículos que se encontraban en comodato tuvieron que ser regresado con una grúa.
Además, señaló que inexplicablemente el representante del PAN, Jesús Ortiz Xilotl, no ha regresado un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, el cual fue entregado a comodato por el anterior ex presidente. Citó que este ex funcionario deberá responder por esta unidad vehicular.
Asimismo, insistió en que pese a las carencias que hay en el instituto existen as condiciones básicas para celebrar este proceso electoral. No obstante, citó que ante la problemática existente en el Congreso Local, donde no se ha aprobado el presupuesto de 2013, se aplicará el techo financiero de 2012 a fin de no afectar las partidas.
Confió en que los diputados locales se pongan de acuerdo y aprueben el presupuesto de 2013. Fuentes del IET señalaron que los legisladores pretenden destinar un presupuesto de cien millones de pesos, para este proceso electoral. Dicho techo financiero es menor al que se erogó en 2010 que fue de 122 millones de pesos.
Agregó que se estudia la propuesta de un ex consejero electoral quien pretende pagar en un plazo de tres años, los recursos que dejó pendientes de justificar por concepto gastos por justificar.
Finalmente, no se quiso comprometer ante la prensa a presentar denuncias penales en contra de aquellos ex funcionarios electorales que cometieron excesos en años anteriores, pues sólo agregó que el Órgano de Fiscalización Superior y el mismo Congreso del Estado, tienen en sus manos la reprobación de la cuenta pública de 2011.
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