12 diciembre, 2012
Escribe JAVIER CONDE GUTIÉRREZ
Cuando el gobernador del estado, Mariano González Zarur señala que se necesita voluntad política para cumplir en términos de transparencia y aplicación de recursos económicos es fácil decirlo en el discurso pero muy difícil cumplirlo.
Y es que desde su campaña el mandatario tlaxcalteca, se comprometió a establecer mecanismos de transparencia, sin embargo, algunos de sus funcionarios se han encargado de actuar en sentido opuesto.
Basta analizar los resultados de la Segunda Evaluación Semestral que aplicó la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala (Caiptlax) para darse cuenta que no hay mucha voluntad.
Otro dato que pone en duda la correcta aplicación de los recursos ha sido la denuncia de algunos diputados del PAN, entre ellos, Justo Lozano Tovar quien sostuvo que se desconoce del paradero de varios millones de pesos que debió aplicar el Poder Ejecutivo.
Por ello, el gobernador debería actuar con más congruencia política y obligar a sus pupilos a que cumplan con lo que establece la ley, pues dicha evaluación resalta las deficiencias de este poder en aspectos de transparencia.
Y cuando uno observa el resultado de dicha evaluación realmente no hay poder humano ni legal que obligue a los partidos políticos, así como a las diversas instituciones a que cumplan con los mecanismos de transparencia.
Son precisamente a los políticos a quienes no les interesa ejercer una obligación Constitucional mucho menos rendirle cuentas claras a la ciudadanía. A los políticos que tienen acceso al poder viven en un pleno paraíso de la impunidad.
Si algún ciudadano duda, precisamente, de ese paraíso de la impunidad pongo a disposición el resultado de dicha evaluación para que emitan su propio criterio y califiquen de la mejor manera a quienes ostentan el poder.
Incremento en los delitos
Fuentes del Poder Judicial afirman que el índice de delitos ha aumentando en los principales municipios de la entidad. El robo de automóviles y casas habitación se ha incrementado sustancialmente.
Por ello, le preguntamos al secretario de Seguridad Pública, Orlando May Zaragoza si los operativos que aplica son para agarrar a gente en supuesto estado de ebriedad o bien para detener a los criminales que sagazmente hacen de las suyas.
Que el consejero jurídico responda…
Hasta el momento, el pueblo de Tlaxcala, sigue esperando al Consejero Jurídico, Héctor Maldonado Bonilla que diga las causas por las cuáles Hugo Gaspar García fue removido del Consejo de la Judicatura.
El funcionario marianista se comprometió a hacerlo público. ¿Lo seguimos esperando?
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