“AGARRÓN” DE DIPUTADOS POR CUENTAS PÚBLICAS

07 noviembre, 2012

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Este martes, los dimes y diretes afloraron en la tribuna del Congreso Local, tras la aprobación supuestamente de las cuentas públicas de diversas instituciones públicas del Poder Ejecutivo y de municipios por parte de los diputados locales.

En la sesión ordinaria, los legisladores del PAN, PRI, PVEM, PAC y del PT se acusaron mutuamente de solapar y arropar la aprobación de cuentas públicas del pasado ejercicio fiscal que en un principio eran reprobatorias.

En este sentido, el diputado y líder de la fracción parlamentaria del PAN, Justo Lozano Tovar acusó que algunos legisladores recibieron prebendas por parte del gobernador Mariano González Zarur y tapar irregularidades por más de 900 millones de pesos.

Además calificó de “grandes ratas” a los funcionarios que provocaron un daño patrimonial, lo que constituyó -según él- un gran dolo para el pueblo tlaxcalteca.

Se comprometió a revelar irregularidades en algunas dependencias como la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), entre otras, dependencias.

Las acusaciones del legislador panista causaron malestar entre algunos diputados como Jorge García Luna, Bernardino Palacios Montiel y Francisco Javier Romero Ahuactzi, por lo que lo emplazaron para que exhiba pruebas de la supuesta corrupción que priva entre los congresistas.

En este sentido, el legislador Gregorio Cervantes Díaz sostuvo que la declaración del panista se la pasaba por el “arco del triunfo” y que lo invitaba a revisar adecuadamente las cuentas aprobadas hace una semana.

Por su parte, Fortunato Macías secundó las palabras de Justo Lozano quien remarcó que hay un supuesto desvío de 900 millones de peso.

Agregó que la revisión de las cuentas públicas por parte de la Comisión de Finanzas y Fiscalización sólo fue un show y que jamás transparentó el dictamen final de las cuentas públicas del Ejecutivo y de municipios.

En respuesta, el diputado del PVEM criticó el hecho de que en el OFS haya veterinarios, boleros, carniceros y abogados revisando las cuentas públicas.