14 octubre, 2012
* Aquellos que no respetan a ley.
Mientras la Ley no se cumpla, Tlaxcala seguirá siendo rehén de la impunidad. Esa es la percepción que se tiene cuando vemos que los alcaldes de dos de los municipios más importantes de la entidad (Tlaxcala y Huamantla) reprobaron sus cuentas públicas y a pesar de ello no hay acciones concretas por parte del Congreso de Tlaxcala.
El posible daño patrimonial en que incurrieron las dos administraciones supera, en conjunto, los 66 millones de pesos, razón más que suficiente como para ordenar Juicio de Político o de Instrucción en contra de los dos alcaldes, Pedro Pérez Lira y Carlos Ixtlapale Gómez, para que enfrenten la acción de la justicia ahora y no cuando dejen sus cargos.
El caso de Huamantla es el más grave, pues a decir del titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el municipio oriental no ha comprobado 46 millones de pesos, tiene 43 observaciones respecto al manejo de dinero; y pese a ello, la administración de dicha comuna solo pudo subsanar una de esas observaciones.
Entre otras cosas, la gestión del priísta Carlos Ixtlapale no ha justificado gastos excesivos en restaurantes, nepotismo, gastos excesivos en viajes, préstamos entre programas federales y duplicidad de salarios.
La otra administración, encabezada también por un priísta, Pedro OPérez Lira, generó daño patrimonial por el orden de los 20 millones de pesos, fundamentalmente por irregularidades en la ejecución de obras de luminarias.
Pero lo que realmente debe preocupar a la sociedad en general es la tibieza con que actúa no sólo el OFS, sino, sobre todo, la pusilanimidad con que se conducen los integrantes de la LX Legislatura, a quienes les tiembla la mano y la voluntad para hacer cumplir la ley al respecto.
Y es que la propia Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala señala en su artículo 110 que “los servidores públicos son responsables por los delitos en que incurran, los cuales serán perseguidos y sancionados en términos de la legislación penal”.
Sumemos lo que dice el artículo 109 de la misma Ley Superior de Tlaxcala. “el juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, Procuraduría General de Justicia, Oficialía Mayor, Órgano de Fiscalización Superior […] por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o el buen despacho…”
Por otra parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 8 establece claramente que el Juicio Político o de Procedencia “es el medio que da la Ley para analizar y sancionar si la conducta de un servidor público que goza de fuero ha causado perjuicio directo a los intereses públicos fundamentales o el buen despacho de los mismos”.
Así pues, Tlaxcala seguirá siendo rehén de la impunidad en tanto no se cumpla con la ley.
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